1.De la vacia democracia electoral a la narco politica.

La democracia hondureña que surgio (1981) en buena medida por la negociacion de Estados Unidos con los millitares (casi veinte años de gobiernos militares) con algun apoyo popular, con la intencion de frenar el mal ejemplo que significaba la Revolucion Sandinista en Nicaragua que habia triunfado en 1979. El contexto de la guerra fria ademas subordinaba el poder civil al poder militar, que pese a la fachada democratica, seguia siendo poder real y junto al omnipresente poder de la embajada de Estados Unidos establecieron las reglas del juego de la naciente y debil democracia. Asi se conformaba una institucionalidad debil, se anulaba y debilitaba la oposicion popular con la desaparicion forzada de unos 180 hondureños y consecuentemente se militarizo la sociedad.

En la siguiente década, con una pesada herencia, llego el neoliberalismo que subordino al Estado precario y por tanto a la democracia con discretos avances institucionales hasta conformar la llamada “democracia electoral” que permitia elecciones (aunque según algunos siempre hubo fraudes manejables entre tradicionalismo partidario hondureño) que permitio la continuidad ininterrupida de gobiernos civiles como reparto estable entre los dos partidos tradicionales(Partido Liberal y Partido Nacional). Inicia el llamado secuestro de la democracia por las elites economicas y politicas agravando los persistentes problemas estructurales como la desigualdad. Este contexto tambien facilitara la instalacion de la violencia homicida que en la actualidad persiste y que junto a la desigualdad y la corrupcion se convierten en los problemas mas graves del pais. La oposicion progresista, un sector se instucionaliza (Partido Unificacion Democratica, pero se desarticula, es cooptado y algunos lideres se corrompen), otros gremios y organizaciones del sector publico como la de los maestros se movilizan y logran algunas conquistas muy parciales pues el neoliberalismo y la estructura bipartidista establecen bloqueos. Las organizaciones populares tradicionales, que venian muy golpeadas, sin obviar su propios limites, estan muy condicionadas por el contexto neoliberal y el nuevo contexto politico dando paso a la emergencia de otras organizaciones como las de la sociedad civil que, cuando no son cooptadas o se corrompen, son importantes en las luchas por alternativas en la sociedad hondureña.

El siglo XXI trae algunas novedades (nuevos partidos, nuevas organizaciones y movilizaciones) pero todavia “debiles” frente al gran poder de los grupos dominantes. Siguen teniendo lugar elecciones hasta llegar al Golpe de Estado de 2009. Los militares recuperan espacios de poder, las elites dominantes se fortalecen, la sociedad se divide entre golpistas y opositores al golpe asi como los que son indeferentes a unos y otros. El mismo 2009 se realizan elecciones que se pueden considerar las elecciones del golpe. Desde entonces domina el Partido Nacional con denuncias de fraude en 2013 (primer mandato de Juan Orlando Hernandez) y la reeleccion (por primera vez) con fraude en elecciones de 2017 (segundo mandato de Juan Hernandez), con control total de poderes y de las Fuarzas Armadas. A ello se suma la corrupcion, que no es nueva, pero descarada en la gestion del Partido Nacional (sin negar la complicidad de las elites del Partdido Liberal). De ahí lo nexos con el narcotrafico que vinculan principalmente al mandatario Juan Orlando Hernandez y colaboradores institucionales (sectores policiales, militares, fiscalia, poder judicial, control del Congreso Nacional) situacion que se confirma en la condena a cadena perpetua mas 30 años al hermano del actual presidente en tanto la Fiscalia de Nueva York y el Juez mencionan la participacion de este ultimo en estos crimenes. No se pueden negar las resistencias y protestas con sus altos y bajos pero sin capacidad todavia de remover las estructuras corruptas del mandatario y de las elites dominantes. Las elecciones primarias de marzo 2021 muestran la debilidad no solo del sistema politico en general, sino las dificultades de la propia oposicion para conformar una alternativa. Abundan las denuncias de fraude dentro los candidatos perdedores de la oposicion (Partido LIBRE) y el no reconocimiento del candidato ganador (un exconvicto del Partido Liberal) hasta conformar una alianza a la que se suma el lider de un nuevo partido (este lider fue el candidato de la alianza opositora en las elecciones de 2017, que de no existir fraude seria el actual presidente). Asi las posibilidades de una alianza opositora fuerte y alternativa como unica garantia de triunfo en las elecciones de noviembre de 2021 esta seriamente amenazada dada su fragmentacion. Al parecer de estas elecciones primarias salen mas fortalecidos los sectores tradicionales de los partidos (incluye al principal partido de oposicion como lo es LIBRE) con posibilidades de alianzas y negociaciones entre ellos como continuidad por otros medios y formas del actual mandatario. Salvo que ocurra otra vez el milagro de la justicia estadounidense, que deja al descubierto, si no el fallido, el degradado Estado hondureño hasta ser considerado como un narco Estado.

2. La crisis política (como crisis de la democracia) y los problemas estructurales.

La herencia de la historia reciente como la del reformismo de Villeda Morales y de los militares de las décadas de los 60 y 70: Los alcances de la Reforma Agraria fueron limitados. Pese a las contribuciones a la estabilidad interna que algunos destacan, los conflictos de poder entre reformistas y conservadores inciden en el rumbo del país paradójicamente por la inestabilidad provocada (el General López Arellano surgido del golpe de Estado de 1963 y removido en otro golpe por el llamado soborno bananero y sucedido por otro militar Juan Alberto Melgar, también destituido para poner fin al proceso de reforma agraria) frenando la distribución de la tierra de importancia en la reducción de la desigualdad. La democracia que surge a principios de los 80 está subordinada a los militares y a Estados Unidos por la amenaza de la revolución Sandinista de 1979. La democracia de los noventa hasta 2009 si bien se valora la continuidad de gobiernos resultado de procesos electorales medianamente reconocidos, se encuentra atrapada y también subordinada a la lógica del modelo neoliberal que revierte muchos de los avances sociales y es altamente excluyente. Lo que sigue después del golpe de Estado de 2009 es de involución democrática: corrupción, violencia, crimen organizado, fraudes electorales, control de poderes, remilitarización, con un Estado capturado y degradado por estos males.

Desde el punto de vista del cambio y de las alternativas a la sociedad excluyente, si se observan las luchas populares sus alcances son mínimos cuando no revertidos: como la reforma agraria aunque las empresas asociativas campesinas de Isletas y Guaymas son modelos que pueden iluminar, pero otro lado líderes cooptados, asesinados o con muchos vicios como el clientelismo y la corrupción, la precariedad laboral se impone en el neoliberalismo con organizaciones tradicionales e históricas muy débiles. Su herencia como imaginario y/o como memoria histórica de lucha y de cambio quizás sea lo más rescatable (la huelga de 1954 es un hito). Más recientemente el movimiento de resistencia al golpe y la formación del partido LIBRE y PAC en su mejor momento hasta llegar a la alianza electoral de 2017, sin negar las limitaciones de los liderazgos y de las organizaciones políticas, siguen siendo importantes para el cambio. Otras contribuciones han realizado el movimiento de los indignados frente a la corrupción, o las luchas de la Plataforma por la Educación y la salud Pública de 2019. Importantes luchas ocurren a nivel territorial contra la minería y las hidroeléctricas o la defensa de los territorios y los recursos naturales en general. La memoria histórica de estas luchas así como la resistencia de muchos ciudadanos por el cambio también están presentes y seguramente aparecerá en la coyuntura y la nueva época que abre la crisis de legitimidad del actual régimen, la crisis de la pandemia, la crisis del capitalismo globalizado y la emergencia de China.

La concentración y la desigualdad estructural. El coeficiente de Gini de 1990 era de 0.615, en 1999 de 0.564, en el 2010 de 0.567 y el Banco Mundial indica que en 2019 era de 0.53, es decir, la estructura de la desigualdad medida en ingresos durante los últimos 30 años se mantiene. A finales de del siglo veinte el coeficiente de desigualdad en la tenencia de la tierra era de 0.77 luego de la aplicación de la Ley de Modernización Agrícola. 161 mil familias sin tierra y unas 116 mil en parcelas menores a una hectárea (IDHH-2011). Hace una década en el Informe de Desarrollo Humano de Honduras señalaba que los impuestos indirectos representan el 61.22% y las exoneraciones representaban 17 mil millones en 2009; otras fuentes señalan que las exoneraciones actuales llegan a 46 mil millones para 2020. La carga tributaria se situaba en promedio 14% del PIB en toda la región centroamericana en 2013 contra el 40% en promedio del PIB de los países de la OCDE según ERCA (2016). Con el 58% de informalidad según el Banco Mundial donde domina la subsistencia y la baja productividad. La productividad de un trabajador es de 5 mil dólares al año en Honduras y Guatemala mientras un trabajador en Costa Rica y Panamá tiene una productividad de 20 mil dólares al año. El desempleo como efecto de la crisis generada por la pandemia llegaría en su fase más crítica según FOSDEH a 1,118,31 desempleados.

Crisis ambiental y activación ciudadana y comunitaria en los municipios por la defensa de los recursos naturales y de su territorio. Son varios los municipios, que bajo mecanismos de participación como los Cabildos Abiertos, se declaran libres de explotación minera y de proyectos hidroeléctricos. Ya son 45 municipios que han denunciado la corrupción del gobierno central y los gobiernos municipales en la concesiones a empresas nacionales y extranjeras por lo que se han movilizado para evitar la ocupación y despojo de los territorios como la destrucción de los recursos naturales. Estos municipios han logrado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos. En este proceso han participado organizaciones de base comunitarias, algunas organizaciones No Gubernamentales y movimientos ambientalistas que en conjunto son los que llevan el liderazgo en estas luchas. En este marco desde el 2010 han sido asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad y asesinos a suelo, más de 120 personas. En el 2015 se denunciaron más de dos mil agresiones contra defensoras del ambiente. Bertha Cáceres, líder indígena asesinada en 2016, por ser más conocida nacional e internacionalmente, es quizá el símbolo de estas luchas. Otros tantos han sido amenazados, atacados o encarcelados como los 7 líderes de Guapinol.

El extractivismo neoliberal por su parte busca convencer a las autoridades locales, a los líderes comunitarios y a las comunidades en general de los beneficios de estos proyectos y en esta dirección buscan (a veces lo logran) cooptar a estos líderes además del montaje de campañas bajo la idea de que buscan el desarrollo de la zona. De ahí una de las tensiones de los derechos humanos entre el derecho al “desarrollo” y el derecho a la autodeterminación de los pueblos (sobre todo indígenas) y los derechos ambientales. Es fundamental sostener que en relación a las posibilidades de desarrollo que ofrece el capitalismo está demostrado en casi cinco siglos de modernidad (sin desconocer algunos logros como la ciudadanía y democracia misma en tanto avanzo) su fracaso. Y resulta que uno de los principales fracasos tiene que ver en su relación con la naturaleza. Pero lo más decisivo es que esta explotación irracional de la naturaleza, que se profundizo con el despiadado extractivismo neoliberal, ha creado las condiciones de posibilidad para la actual pandemia del coronavirus.

En Honduras el tema es relevante además por el crecimiento exponencial que el extractivismo ha tenido en la última década. Según un informe de OXFAM entre otras instituciones, si se toman en cuenta las concesiones solicitadas y las otorgadas hasta 2018, el área total de explotación minera podría aumentar en 400% la cual pasaría de 75,125 hectáreas en explotación actual a 375,165 hectáreas. En relación a la generación de energía eléctrica conforme a proyectos en estudio, en aprobación, aprobados y en construcción, estos crecerían un 183% (112 proyectos actuales que generan 2710 MW a 307 proyectos que generarían 7728 MW. Existe también la posibilidad de explotación de hidrocarburos en una superficie de 35,246 kilómetros cuadrados que afectarían unos 25 municipios del caribe. Por su parte las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos se concentran en 194 municipios (65% de los municipios del país). Incluso 79 proyectos mineros y 37 proyectos de energía se encuentran en áreas protegidas o microcuencas declaradas. Además desde el 2018 el Estado simplifico los procedimientos para otorgar concesiones que junto a las licencias ambientales, como si todo lo anterior fuera poco, pasaron a ser parte de la “Ley de secretos” que entro en vigor en 2014 (UNAH,OXFAM, FOSDEH, 2019).

Hay que señalar que la importancia del tema ambiental nos coloca en un contexto más amplio y más global. Siguiendo a De Sousa Santos, de cómo grandes empresas farmacéuticas de alimentos y biotecnológicas se han venido apropiando de plantas, conocimientos indígenas sin beneficios para los pueblos. Es una integración por conocimiento sin ser reconocidos, solo como materia prima. Las comunidades indígenas no controlan el material genético para su reproducción. No se protege el conocimiento indígena solo el de las empresas transnacionales (GATT, OMC).

El mismo autor insiste en que alrededor del 70 % de las semillas recolectadas en los países periféricos se encuentra en poder de los países centrales. Se da un imperialismo biológico. Por lo cual tiene lugar una integración al sistema capitalista (de los territorios y los conocimientos) no por el trabajo pasando por un sistema de pertenencia de integración subordinada por la exclusión a un sistema de pertenencia subordinada por la integración.

En los últimos 50 años el mundo perdió cerca de la tercera parte de la cobertura forestal (De Sousa, 2000; 24), Centroamérica también perdió el 52% de su biodiversidad principalmente en este periodo. Casi lo mismo ocurrió con las emisiones de gases producto del efecto invernadero que se duplicaron en los últimos 50 años.

Desafortunadamente este capitalismo no solo ha incidido en la crisis ambiental sino también en la gran desigualdad y exclusión que se ha provocado y principalmente durante la era neoliberal. A ello se suma la gravísima crisis de convivencia que se expresa en los altos índices de violencia que de forma exponencial se incrementaron en el periodo neoliberal y en la crisis política de más de una década perdida (2009-2020). La democracia, que aunque precaria que se celebraba como ganancia (1981-2009), se perdió. A los mecanismos tradicionales de secuestro de la democracia muy conocidos en América Latina en el caso de Honduras se suman el control y manipulación institucional para lograr la reelección, para promover y realizar un fraude electoral (la de 2017 en todo caso es una dudosa elección), pero además para mantenerse en el poder, situación que se agrava por las redes de corrupción y narcotráfico a las que se ligan al actual mandatario.

El control institucional de los poderes del Estado, anulando su independencia, impide que el titular del ejecutivo tan cuestionado sea internamente investigado. Por otro lado, el control institucional supone mantener a las Fuerzas Armadas subordinadas y obedientes a sus intereses como guardia pretoriana. En este sentido el gasto militar es el más alto de Centroamérica (en 2009 era 4,442,838,371 y en 2017 era 8,853,404,842 millones de lempiras) y el gobierno les otorgo 4 mil millones de lempiras, como un reconocimiento a su lealtad, para la reactivación agrícola, cuya función no es competencia de las Fuerzas Armadas. La justicia es selectiva y cualquier oposición o manifestación en contra del régimen es duramente reprimida y en algunos casos ocurren asesinatos (durante las protestas de 2017-2018 y 2019) y cuyos crímenes quedan en la impunidad. En general los militares se reposicionaron después del Golpe de estado de 2009 ocupando algunas instituciones que deberían estar bajo control civil. Así con capacidad de quitar presidentes (o como instrumentos de las elites) como en el 2009 y de sostener a otro surgido de un supuesto fraude por su reelección y por el origen de su último mandato, más las acusaciones de corrupción y estar ligado al narcotráfico, aun cuando se hayan justificado en los graves problemas de seguridad y de violencia en el país, hace de las Fuerzas no solo una institución igualmente corrupta, que la convierte en una grave amenaza para las posibilidades de la democracia. Y en un momento de transición, cuando se aproximan las nuevas elecciones (2021) y siendo que se confirman las acusaciones al titular del ejecutivo, que en consecuencia requiere un sucesor que le garantice protección, los “guardianes de la democracia” en tanto custodios de las elecciones (custodian las urnas, su traslado y su depósito) se convierten en piezas clave de dicha transición. Desafortunadamente, por todo lo anterior, salvo una negociación con otros contendientes con posibilidades de triunfo o afianzados el poder de las armas, las dudas y los riesgos están sembradas sobre esta institución. De ahí que reducir el poder de las Fuerzas Armadas sea una reforma sustancial que requiere la democracia hondureña. Hay que recordar que la consolidación institucional de las Fuerzas Armadas fue resultado de un convenio de ayuda militar con Estados Unidos en 1954 y cuyo apoyo se debió también a las pretensiones de Estados Unidos de derrocar al gobierno reformista de Jacobo Arbenz de Guatemala (además había estallado la huelga histórica bananera en el país) más la amenaza de la revolución Cubana, en alguna medida nacieron y funcionaron bajo el tutelaje de Estados Unidos. En 1957 apoyaron la llegada de Villeda Morales tras negociar su autonomía pero luego lo vieron como amenaza y lo derrocaron (Barahona 2005; Carias 2007 y d’Ans, 1998). Entre los militares hubo reformistas pero siempre se impusieron los anticomunistas y conservadores en alianza con las elites más reaccionarias. Participaron en actos de corrupción como los casos más sonados de López Arellano y Álvarez Martínez, reprimieron y asesinaron principalmente campesinos como la “masacre de los Horcones” en 1975 y otros en esa década fueron vinculados al narcotráfico. Invisibles durante la tragedia del huracán Fifí de 1974 como invisibles habían sido en la guerra de 1969. En la década de los ochenta bajo la doctrina de la Seguridad Nacional fueron responsables de los “desaparecidos”, en los noventa ya sin razón de ser pero con poder económico, fueron acusados por empresarios de competencia desleal pues habían creado fortunas y empresas que construyeron durante largos años de gobiernos militares o como poder real en tiempos de la guerra fría. Un informe de estos reciente del Congreso de Estados Unidos, señala al titular del ejecutivo como facilitador de personal de las Fuerzas Armadas para el tráfico de drogas en la región, indicando además que de los países del triángulo norte de Centroamérica Honduras es el país donde la reforma policial ha sido más problemática, viciada y poco transparente, aquí, sostienen, donde los narcotraficantes son muy poderosos. El 2019 en el marco de las protestas de la Plataforma por la educación y la salud, en la que el movimiento estudiantil universitario fue en varios momentos decisivo, no tuvieron escrúpulos para invadir el campus universitario disparando e hiriendo a siete estudiantes. En definitiva el balance no parece ser favorable ni a la democracia y la convivencia y muchos menos a la protección de los derechos humanos y la vida de tantos hondureños. Su costo económico es demasiado alto para un país empobrecido por la corrupción (no alcanza su supuesta contribución a la reducción del crimen con cifras de reducción de homicidios a veces dudables), los bajos salarios, la precariedad laboral y de las políticas públicas como se ha evidenciado durante la pandemia (recuérdese que además en 2019 le compraron a Israel un buque patrullero a un costo de 1300 millones de lempiras). Su costo político puede ser mayor por el obstáculo que representan para la democracia y por la cultura del miedo y del terror que se ha impuesto sobre las ciudadanías que defienden sus derechos y/o quieren promover un cambio. No hay duda, por el tipo de poder que se ostenta, que este es uno de los cambios más difíciles de realizar. El poder militar desborda la débil institucionalidad democrática. De ahí que construir un poder de tal naturaleza sea difícil de revertir y/o subordinar en democracias como estas que no alcanza a ser consideradas como electorales.

En la historia reciente de la democracia no se ha había observado tanta concentración poder en un solo hombre. Ello sin duda limita la democracia pero es importante saber si tal concentración se ha realizado con objetivos que suponen ilegalidades, abuso de poder y se facilitan actos de corrupción. Porque no queda duda de que los señalamientos de corrupción y las ligas con el narcotráfico, que son abundantes, deben ser investigados y solo entonces se podrá comprender el perverso círculo vicioso existente. Sin embargo, nunca se habían observado tantas situaciones y hechos que se consideran sospechosos (de corrupción, ilegalidades, fraudes, de vínculos al narcotráfico, de abuso de poder) contra un mandatario que por su convergencia parecen ser una inevitable realidad. Si es así estamos ante a una situación que hace muy difícil la transición. La continuidad por otro medios sin ser investigado y juzgado es un escenario probable dada la concentración de poder (colocar su candidato controlando otra vez el proceso electoral en un contexto de pandemia con un partido que aparentemente tiene mayorías (aunque el 3 de enero del presente el mandatario anuncia que no se queda más e invita a la reconciliación nacional), que cuenta con cierta “lealtad” de los militares sobre los que pesan crímenes de lesa humanidad pero que al final se colocan de lado de cualquier ganador). Por otro lado, la ruptura en sus distintas variantes (requerido por la Justicia norteamericana o la negociación de un exilio sin ser investigado y juzgado y la menos probable ser investigado y juzgado internamente). Las pírricas reformas electorales no son garantía de un proceso electoral transparente.

Estos días han causado revuelo las noticias provenientes de Estados Unidos: “El presidente de Honduras acepto sobornos de narcotraficantes, dicen fiscales estadounidenses” (El Guardian, 9-01-21); “Presidente de Honduras dijo que ejercito ayudaría a narco” (Claudia Torrens, AP New, 9-01-21); Nuevas mociones presentadas por la fiscalía de New York en el caso de Geovany Fuentes, implican a JOH, FFAA, Policía y políticos de alto rango en el lavado de dinero y narcotráfico(PROHonduras network, PRONH); “Últimos documentos de la Fiscalía de Nueva York señalan que Oscar chinchilla habría ayudado a proteger las actividades de tráfico de drogas de Tony Hernández y el resto de socios de JOH” (PROHN); Según Univisión, El presidente de Honduras planeaba “meter las drogas en las narices de los gringos”, dice testigo en el caso de las drogas en Nueva York; “Fiscales de EEUU dicen que el presidente de Honduras lucro y ofreció protección a presunto narcotraficante, aunque la presidencia de Honduras lo desmiente ( Marlon Sorto, CNN, 10-01-21). No solo es que cuando el rio suena piedras trae como dice el dicho popular, sino que desde hace mucho tiempo, el rio suena demasiado.

Por otro lado está el lastre de La corrupción (entre 2014 y 2018 llego a 251 millones de lempiras según CNA y FOSDEH, más los casos denunciados por la MACCIH), el golpe de Estado, manipular el proceso de reelección, el supuesto fraude de 2017, los casos de corrupción de la pandemia y los vínculos con el narcotráfico del mandatario, el fiscal, las Fuerzas Armas, la policía y otros políticos hondureños. El cierre de La MACCIH es un símbolo de esta crisis. El desprestigio del país es total. Como se menciona en la película “El juicio de los siete de Chicago”: hay cosas que son ilegales hasta en Honduras. Es decir, Honduras como el reino de la ilegalidad. O como lo que señala el ex presidente Bush en el “Asalto al Capitolio”: esto solo sucedería en una “República Bananera”. El tema anterior tiene una relación con la deuda que en el año 2000 había sido parcialmente condonada. Deuda que no solo ha significado una transferencia de excedentes hacia al norte (13,077.3 millones de dólares transfirió Honduras entre 1977 y 1997) sino también el enganche para las políticas neoliberales en un contexto de financiarizacion de la economía que ha hecho protagonistas por tanto tiempo a los organismos internacionales (como los OFIs, que junto a otros como la OMC y la OTAN son mecanismos de dominación imperial de EEUU ). La deuda pública total era en 2003 de 6835.7 millones de dólares donde la deuda externa significaba un 58.10 del PIB, en el 2009 era de 4988.2 donde la deuda externa significaba un 16.87 del PIB; en el 2013 representaba 10,145.3 donde la deuda externa significaba un 27.41 del PIB. En el 2014 la deuda pública sobrepasaba los 13 mil millones de dólares y según SEFIN en 2019 llegaba a 22,023.8 millones de dólares. En 2019 la deuda externa era de 7800 millones y en el primer trimestre de 2020 de 8,300 millones de dólares (Tu nota,22-05-20).

No es casual entonces la explosión migratoria. La crisis ambiental se combina con los desastres socioambientales y sus impactos como los de Mitch en 1998 y más reciente Eta y Iota en el 2020. La mala gestión de la vulnerabilidad con poblaciones que sobreviven en esas condiciones ha generado impactos devastadores. Como ocurrió pos Mitch con la ola migratoria que para entonces tuvo lugar, el 15 de enero 2021 se organiza una nueva caravana de migrantes hacia Estados Unidos (se calculan unos 10 mil en un tránsito muy difícil por países vecinos que siguen las políticas del norte). A este factor se suman los efectos económicos de la pandemia sin olvidar la crisis política, la histórica desigualdad, la precariedad laboral (también la falta de oportunidades) y la violencia homicida en el periodo neoliberal (más de 105 mil homicidios entre 1990 y 2020). Si bien este tipo de migración en caravanas desprestigia aún más a una elite gobernante ya desprestigiada, no deja de ser un elemento de escape y un respiro por la grave crisis que vive el país, primero por razones de gobernabilidad y luego, en tanto se concreta el destino de la migración y se abren oportunidades para ellos, estos aportan remesas (en 2010 representaban 2607.9 millones de lempiras y en 2019 sumaban 5559.2 millones) llegado a ser más importantes que la Inversión Extranjera Directa. Seguramente la coyuntura no dejara de ser aprovechada por el gobierno para extender la mano, una vez más y a pesar del desprestigio reinante, para obtener ayuda internacional.

3. Las alternativas

El sueño de la “Patria compartida” de Marcos Carias, la visión estratégica que sea compartida de Mario Posas o la falta de consenso político entre el Estado y la sociedad civil de Marvin Barahona, sin ofrecer alternativas específicas, sigue siendo la gran alternativa (frente a la farsa de “visión de país” que las elites económicas y políticas del país han sostenido). Y en la ruta del cambio la innovación política hacia la democracia participativa es hoy más necesaria que nunca pues se requiere pensar y reconstruir el Estado, la democracia y el modelo económico desde un horizonte de alternativas frente a los fracasos del mercado, del Estado y de la democracia misma. La transición es difícil por todo lo apuntado más arriba donde claramente la continuidad del Partido Nacional dejara muchas dudas y mayores problemas aun sin saber cuánto más podría ser soportado por las ciudadanías que quieren un cambio y si estas ciudadanías en inevitable alianza (con actores políticos que puedan operarlas) serán capaces de plantear esa ruptura. La misma transición se somete a la prueba de un cambio de época que la vuelve más incierta por la pandemia, los desastres naturales, la caída de Trump y la emergencia de China.

La constelación de ciudadanías en luchas simultáneas son hoy más urgentes. Según De Sousa Santos una de las dificultades es que las organizaciones y los movimientos de respuesta, a veces pacíficas, a veces violentas, a veces institucionales o extra institucionales, se han hecho divididas o privilegiando alguna de ellas bajo el supuesto de que su lucha es lo más importante. En segundo lugar esas respuestas como la social democracia en Europa o las democracias con algo de redistribución en América Latina (Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia), no pudieron desarrollarse o están bajo ataque. Y lo tercero, lo anterior esta también asociado con los errores de los gobiernos que se han centrado sobre los excesos más que en las causas de los problemas. Así se explica por ejemplo que los sistemas educativos sigan fomentando los valores y las subjetividades que sustentan el capitalismo, el colonialismo y la dominación machista. De igual forma estos gobiernos no han sido capaces de imaginar y llevarlas a la práctica formas alternativas de economía, de democracia, de organización de los Estados, promover la dignificación humana y de la naturaleza, promover formas de solidaridad, promover la diferencia y la diversidad con la misma fuerza que se promueve la horizontalidad y se deberían promover las relaciones igualitarias de género. Se ha pasado así de discriminación hasta la exclusión; de la marginación hasta la liquidación física, psíquica o cultural; de la demonización hasta la invisibilizacion pero al fin todas se resumen en la opresión. Y las sociedades con formas duraderas de poder desigual, solo se pueden dividir en sociedades de opresores y de oprimidos (De Sousa Santos, 2017). Si el poder y la dominación funcionan como una constelación en articulación de espacios estratégicos, hay que enfrentarlo en consecuencia. Las alternativas requieren además de “dialogo de saberes” entre actores visibles y no visibles para generar inclusión. Aquí las universidades pueden jugar rol fundamental integrándose a plataformas de este tipo de conocimientos y además de procurar el acompañamiento de experiencias del “buen vivir”.

Las experiencias municipales desde los cabildos abiertos y asambleas comunitarias en la defensa del ambiente y los recursos naturales nos indican un camino que hay que fortalecer para estas y otras acciones. Los temas de género son igualmente estratégicos y convocantes. Todo esto hace del cuidado un ethos fundamental de la humanidad.

La crisis actual permite recuperar la dimensión utópica (en la perspectiva de E. Bloch, la realidad no se agota en lo dado sino que tiene otras posibilidades) de la ciudadanía y de la democracia como proyecto que puede ser disputado y se disputa. En la critica que se puede hacer a un “capitalismo sin ciudadanía”(que incluye la democracia sin ciudadanías) donde la ciudadanía de los ganadores que legitima su inclusión ciudadana así como inclusión de los perdedores en la libre e igual concurrencia en el mercado” que retoma la idea de una ciudadanía y democracia sustantiva como criterio de la democracia procedimental (Acosta,2008:40) hartamente legitimada. Es tiempo de una ciudadanía que subordine al capitalismo y sobre todo cuando el ecosocialismo de M. Lowy es deseable pero difícil, cuando no imposible, en el corto y mediano plazo. Pero se requiere un Estado de ciudadanía que la garantice y la promueva, con una política fiscal progresiva. El mercado tiene que reinventarse viendo también las oportunidades de la nueva hegemonía china y replantearse otra vez la economía social y cooperativa que genere empleos, que sea respetuosa del ambiente.

Hay que reconocer que la legitimidad adquirida por la aparición primero y las posteriores luchas de los derechos humanos de postguerra han sido fundamentales para el desarrollo y el alcance de una ciudadanía sustantiva (todavía más como potencial). Acosta sigue a Roig en el apriori antropológico que implica que el sujeto “se tenga a sí mismo como valioso absolutamente” lo que supone recuperar la centralidad de la dignidad humana. Y en contexto donde el potencial y la dignidad humana del trabajo están siendo negados por el capital (flexibilidad laboral, explotación, poblaciones descartadas del trabajo) se requiere reconstruir el trabajo como fuente de dignidad. Siguiendo a Hinkelammert (1990) y Dierchxsens (1997) se apuesta por un sujeto humano y sus condiciones de posibilidad o como el bien común planetario visto como afirmación de la vida y de sus condiciones de posibilidad (Acosta, 2008: 43). La ciudadanía y la democracia digital por el control de los datos en las plataformas de comunicación e información, así como la mayor inclusión a internet para defender y promover la vida en un contexto de guerra tecnológica (5G e inteligencia artificial), es también fundamental.

Los retos globales y nacionales invitan a un humanismo de la praxis que consiste en que todo lo humano es o debe ser sometido a un juicio de referencia a lo humano como guía en última instancia, es decir, al juicio de la praxis humana: el ser humano es el ser supremo para el ser humano. (F. Hinkelammert, 2018, 335).

Hace tiempos F Hinkelammert, con su elocuente profundidad y claridad nos había dicho que en esta sociedad del capitalismo globalizado, estábamos sentados sobre la misma rama serruchándola y en la misma dirección sentenciaba que el asesinato es suicidio. Criticaba como el capitalismo en su afán de ganancia desmedida, excluye las condiciones de reproducción de la vida donde lo indispensable es inútil.

- Roque Castro Suarez, Universidad Nacional

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