El próximo 29 de los corrientes, Guatemala conmemora el veintitrés aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que luego de diez años de negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones insurgentes representadas por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), puso fin al Conflicto Armado Interno (CAI) que durante 36 años (1960-1996) sometió a la sociedad y a la población a políticas y prácticas contrainsurgentes, que provocaron un costo social de grandes proporciones y que significó un drama humano que tuvo como saldo más de 45,000 víctimas de desaparición forzada o involuntaria, alrededor de 250,000 ejecuciones extrajudiciales y más de 1 millón de personas desplazadas y refugiadas en países vecinos.

Como cualquier conflicto armado sea de carácter nacional o internacional, en el caso de Guatemala las víctimas principales fueron de los sectores sociales vulnerables, los pueblos indígenas, los opositores políticos, las organizaciones sociales de campesinos, trabajadores sindicalizados, gremios profesionales, académicos, intelectuales, trabajadores de la cultura y militantes de organizaciones revolucionarias, democráticas y progresistas.

De conformidad con el Informe de la Comisión de la Verdad instalada después de la firma del Acuerdo de Paz, los principales actores responsables y los sujetos violadores de los Derechos Humanos (DD.HH.) fueron, las fuerzas de seguridad del Estado es decir, el ejército y las policías de los distintos gobiernos dictatoriales que usurparon el ejercicio del poder político mediante el uso de la fuerza, el abuso de poder, los fraudes electorales, las prácticas contrainsurgentes y la violación grave y sistemática de los DD.HH.

Esos abusos, configuraron una situación que contribuyó a polarizar a la sociedad y a desgarrar el tejido social, condiciones que crearon por una parte, una cultura de violencia e intolerancia y por la otra, también sembraron una cultura del miedo, del terror y de silencio, condiciones que 23 años después persisten y que hasta ahora impiden la construcción de la tan anhelada paz social.

También las élites económicas y neoliberales, tienen un alto grado de responsabilidad y complicidad con quienes cometieron los abusos y los actos de crueldad y genocidio, ejecutados por los agentes del Estado y actores civiles que respaldaron tales acciones y violaciones a los DD.HH.

En Guatemala, persiste también un alto índice de impunidad que ha obstaculizado la posibilidad de hacer justicia y conocer la verdad sobre los abusos de poder ejecutados durante ese período. No obstante, eso no niega que hay algunos avances en términos de justicia y resarcimiento por parte del Estado. Me refiero al hecho que por la persistencia de las víctimas sobrevivientes y sus familias con el acompañamiento de organizaciones de DD.HH., se ha logrado fracturar el muro de la impunidad y someter a la justicia a algunos actores responsables de las violaciones a DD.HH., logrando condenas, siendo lo más notorio los juicios por genocidio encausados contra altos oficiales militares.

Pero lo poco logrado hasta ahora no es suficiente, es pertinente seguir avanzando en la búsqueda de justicia, de resarcimiento y de medidas reparadoras que contribuyan de manera efectiva a consolidar una cultura de paz y conciliación nacional.

En pocos días, la humanidad celebra a nivel global la festividad navideña, momento preciso para llamar a la reflexión, la tolerancia entre los seres humanos y la celebración de la paz y la armonía. Aunque reconozco que estas condiciones no se cumplirán para millones de personas que en el mundo sufren de discriminación, exclusión, racismo, intolerancia y represión.

Guatemala, 20/12/2019

-Factor Méndez Doninelli es maestro e investigador, consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.