Llamado urgente

15/03/2016
  • Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Opinión
Foto: ContraPunto maras contra punto
-A +A

En un comunicado publicado ayer en conferencia de prensa, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) incluyó entre sus demandas la exigencia de “una inteligencia fiscal, policial y militar efectiva” que permita descubrir y proceder contra los políticos que negocian con las maras y los que les proveen las armas, manejan el dinero de las extorsiones y demás actores estratégicos de la delincuencia pandilleril.

 

Es decir, ASGOJU plantea la urgencia de combatir a los responsables intelectuales, altas estructuras y actores estratégicos de la violencia de las pandillas. Esto es muy relevante y oportuno, porque el gobierno mantiene una estrategia de represión fuerte  únicamente contra los eslabones bajos de las maras. La acción fiscal y policial no golpea más allá de la base pandilleril.

 

La semana pasada, en Honduras las autoridades golpearon el corazón de una pandilla decomisándole 10 millones de dólares obtenidos por las extorsiones. ¿Y la Fiscalía y Policía salvadoreña, cuándo harán lo mismo?

 

¿Por qué la inteligencia estatal no detectó reuniones como la que sostuvo el dirigente arenero Ernesto Muyshondt con líderes de pandillas para tratar de revertir el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 y no descubre otras que podrían estarse dando ahora para planear este caos delincuencial, el desgaste del gobierno y el retorno de ARENA en los comicios de 2019?

 

¿Qué pasa con la inteligencia estatal señores director de la Policía, ministro de Seguridad, Fiscal General y Presidente de la República?

 

Un gobierno de izquierda debe impulsar una estrategia de seguridad menos represiva y más inteligente. La actual estrategia, eminentemente represiva, es -como señala el Procurador de Derechos Humanos David Morales- caldo de cultivo para grupos de exterminio, ejecuciones extrajudiciales y otras prácticas inaceptables de la política de seguridad.

 

Un gobierno progresista debe ser menos represivo, más inteligente, respetuoso del debido proceso y garante de los derechos humanos. Por eso urge que el gobierno del Presidente Sánchez Cerén corrija su fallida política de seguridad, para poder obtener los resultados esperados y deseados.

 

Inteligencia fiscal, policial y militar efectiva; golpes certeros a los autores intelectuales y estructuras estratégicas de las pandillas, crimen organizado y delincuencia de cuello blanco; combinación efectiva de la represión, prevención y reinserción.

 

!Ese es el camino!

 

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

http://www.prensa.arpas.org.sv/

 

https://www.alainet.org/es/articulo/176091
Suscribirse a America Latina en Movimiento - RSS