Aliados por la Democracia denunció públicamente ayer que la Corte Suprema, en particular la Sala Constitucional, es “víctima de persecución política”. Y los perseguidores políticos son -según la referida organización de derecha- “el gobierno, el FMLN y grupos afines”.

Esto, en medio de crecientes cuestionamientos a las actuaciones intransparentes y parcializadas de las instancias del máximo órgano judicial: Corte Plena, Sala Constitucional y Sección de Probidad.

Nulo avance en la depuración judicial, falta de transparencia y rendición de cuentas, sesgos político-partidarios en investigaciones patrimoniales y boicot de la Sala Constitucional a los ingresos estatales, son aspectos cuestionados desde el Ejecutivo, la izquierda gobernante y algunas organizaciones progresistas.

Señalar esas irregularidades es para Aliados por la Democracia persecución política, y por eso sale en defensa de los “pobres y desprotegidos” magistrados que tienen detrás al poder oligárquico que convirtió a la Sala en su última trinchera para mantener el estatus quo evitando cualquier cambio estructural en el modelo económico neoliberal, la estructura tributaria regresiva y el sistema mediático dominado por TCS.

Por ese carácter de instancia orgánica de la oligarquía, la Sala bloquea permanente la gestión del gobierno congelando emisión de deuda pública y revirtiendo reformas tributarias, y persigue a personeros de la izquierda y sus aliados declarando inconstitucional sus nombramientos (como presidentes del TSE, Corte Cuentas, CNJ y de la misma Corte Suprema) y decidiendo arbitrariamente algunos juicios civiles por posible enriquecimiento ilícito.

Entonces, señores de Aliados por la Democracia, ¿quién persigue a quién? ¿El Ejecutivo que con sus aciertos y desaciertos enfrenta los problemas del país, o la endiosada, superpoderosa y omnipotente Sala Constitucional?

Aliados por la Democracia debería desenmarcarse y declararse también instrumento de la derecha oligárquica. ¿Qué otra cosa podría ser una instancia encabezada por FUSADES y ANEP, y claramente respaldada por el partido ARENA, los medios conservadores y las élites empresariales?

Aliados por la Democracia dice que defiende a la Sala porque “contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción”. Entonces, ¿por qué no exigen, los voceros de esta organización, que los debates del Consejo Nacional del Salario Mínimo sean públicos y que la Asamblea Legislativa forme una comisión especial para investigar irregularidades en las concesiones del espectro radioeléctrico?

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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