El 30 de octubre de 1997, se cumplieron 10 años desde que el diario oficial La Gaceta publicara "El Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua", mediante el cual, la Asamblea Nacional (Congreso), durante la época sandinista, reconoció el derecho a autogobernarse a los pueblos indígenas (miskitos, sumu-mayangas y ramas) y comunidades étnicas (creoles, garífonas y mestizos) de esta extensa región nicaragüense. Comparados con 500 años de colonización y neo-colonización, 10 años de empezar a reconocerse como pueblos es un período demasiado corto. Pero a una década de autonomía formal -y siete de vigencia efectiva- bien valía la pena hacer un alto en el camino para evaluar las fortalezas y las debilidades del proceso autonómico, y definir sus principales desafíos. Precisamente para cumplir estos objetivos, se reunió en Managua el III Simposio Internacional sobre la Autonomía de la Costa Atlántica con la presencia de 350 delegados de las organizaciones más variadas. El evento quizá tuvo mayor repercusión que el previsto por los convocantes, pues "sus acuerdos y resoluciones deben ser mandatos, una ley que debemos cumplir fielmente", según la propuesta del profesor Efraín Osejo, presidente del Consejo Regional de la Región Autónoma Atlántico Norte, RAAN. ALAI recoge antecedentes, testimonios y documentos referidos a los problemas y perspectivas de esta novedosa experiencia de autonomía en América Latina. Un poco de historia La Costa Caribe tiene una especial conformación histórica, cultural y política. Desde la época colonial, la región fue objeto de disputa entre las potencias colonialistas España y Gran Bretaña que alimentaron la rivalidad entre Atlántico y Pacífico. España conquistó la región del pacífico nicaragüense y exterminó las culturas indígenas, imponiendo su idioma, su religión y su sistema de producción, sin embargo no pudo extender su dominio hacia la región atlántica. Esta más bien se desarrolló bajo la influencia de los británicos, quienes en forma relativa, respetaron el idioma y las formas de organización y producción de los pueblos indígenas. Los británicos, sin embargo, dejaron su huella con el protestantismo y el idioma inglés. En su rivalidad con los españoles, los británicos establecieron alianzas con los indios miskitos en función de organizar expediciones contra las posiciones españolas del Pacífico. Mientras la región del Pacífico fue colonia española hasta 1821, año de la independencia de Nicaragua, la Costa Atlántica continuó como protectorado británico hasta 1894, en circunstancias en que Estados Unidos había reemplazado como potencia dominante a España y Gran Bretaña, inspirado en la Doctrina Monroe de "América para los americanos". En aquel año, fuerzas combinadas de Estados Unidos y del régimen nicaragüense dirigido por José Santos Zelaya conquistaron la región. Como consecuencia de ello, las mejores tierras fueron distribuidas entre los amigos y los parientes del presidente Zelaya y de sus ministros, en tanto el español fue impuesto como idioma oficial. Los abundantes recursos forestales y minerales (oro) de la región fueron concedidos a las compañías norteamericanas. Durante la época somocista, el depojo de las tierras y de los recursos a favor de la familia Somoza se viabilizó a través del Instituto de Fomento Nacional y del Instituto Agrario Nacional. Los sandinistas y la autonomía La revolución sandinista de 1979 fue recibida con esperanza por los pueblos costeños. El gobierno revolucionario desde el principio prestó atención a las necesidades de la región, intentando resolverlas mediante medidas económicas y sociales y el impulso de inversiones y proyectos, modernización administrativas, nacionalización de los recursos naturales. Sin embargo, ésto no fue suficiente para resolver los agudos problemas acumulados a través de siglos y desde los primeros meses comenzaron a aflorar las contradicciones entre las regiones del Atlántico y el Pacífico. En la filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, las concepciones clasistas prevalecientes y el desconocimiento de la realidad, la historia y las aspiraciones indígenas y de la población costeña, le llevó a cometer muchos errores. Esto le llevó a promover la participación indígena, pero contradictoriamente se buscó controlar a las organizaciones de masas, rompiendo las estructuras y los esquemas de autoridad de las comunidades de la Costa. Así por ejemplo, la organización indígena ALPROMISIU (Alianza para el Progreso de Miskitos y Sumos) fundada en 1974 fue transformada artificialmente en MISURASATA (Miskitos, Sumus, Ramas y Sandinistas Unidos) en 1979. A MISURASATA, por debilidades de apreciación que tenía el gobierno revolucionario, se le concedió el derecho de representación política de las demandas pluriétnicas costeñas, cuando su composición y reivindicaciones eran fundamentalmente miskitas. "No obstante el desarrollo político de MISURASATA de manera prematura tuvo un camino diferente al planteado por el programa de la revolución. Las demandas fueron rápidamente mayores y radicales, y una fuerte campaña de movilizaciones y agitación política aparejó un clima de enfrentamiento en la región" (González, 97). A principios de la década del 80, el plan de Estados Unidos para ahogar el proceso revolucionario se encontraba en marcha y grupos contrarrevolucionarios estaban concentrados en Honduras y Costa Rica. En estas circunstancias, el primer grupo de la dirigencia de MISURASATA -encabezado por el actual diputado liberal Steadman Fagoth- salió a Honduras para iniciar la lucha contra el sandinismo. Este grupo adoptó el nombre de MISURA (Miskitos, sumus y ramas), en tanto que otro grupo encabezado por Brooklyn Rivera se marchó a Costa Rica y se unió con los grupos de Edén Pastora, quien encabezaba la organización anti-sandinista Alianza Revolucionaria Democrática. Entre los grupos de Fagoth y Rivera había algunas diferencias: mientras Fagoth enfiló a MISURA con los grupos financiados por Estados Unidos (Fuerza Democrática Nicaragüense), Rivera adoptó un discurso más moderado declarando que la lucha indígena no es contrarrevolucionaria, sino una lucha por el territorio y la autonomía indígena. En este mismo período, actúan en la Costa Atlántica la organización indígena Misatan (Miskitos y Sandinistas Unidos) que nace en 1984. En 1985 se reactiva políticamente Sukawala, la organización de las comunidades sumus. Misatan se disuelve en 1986 y varios de sus integrantes van a engrosar las filas de la organización indígena Yatama (Unidad de los Hijos de la Madre Tierra) en 1989. El distanciamiento de Rivera con la organización dirigida por Fagoth, abrió la posibilidad de negociaciones de paz regionales, aún cuando la guerra continuaba en otros frentes. Y esto tiene lugar precisamente, cuando en el FSLN se empezaba a perfilar un cambio de concepciones y una política integral sobre la cuestión étnico nacional. Ya en 1981, el Gobierno sandinista reconoce, en una Declaración de Principios, la diversidad étnica existente en la Costa Atlántica de Nicaragua y los derechos particulares que de ella se derivan. El 5 de diciembre de 1984 se crea la Comisión Nacional de Autonomía con la misión de elaborar un ante-proyecto de Ley de Autonomía. La comisión, compuesta en principio por profesionales y robustecida luego con la integración de líderes naturales de etnias y localidades del Atlántico Norte y Sur, realizó una consulta y elaboró un ante-proyecto de Ley de Autonomía que se discutió en una Asamblea Multiétnica celebrada en Puerto Cabezas en abril de 1987. Las regiones autónomas La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (Congreso) expidió el "Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica" el 30 de octubre de 1987, estableciendo dos regiones autónomas: * La Región Autónoma del Atlántico Norte (RANN) conformada por seis municipios. Su capital administrativa es Puerto Cabezas. * La Región Autónoma del Atlántico Sur (RASS): cuenta con 9 municipios. Su capital administrativa es Blufiels. Sujetos a la Constitución Política de Nicaragua, en cada una de las regiones funcionan los siguientes órganos de administración: 1. Consejo Regional: Compuesto por 47 miembros en la región Sur y 48 en la región Norte. Son electos por voto universal, pero también tienen representación los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Son miembros de este organismo los representantes a la Asamblea Nacional por su correspondiente región autónoma: 3 por el Norte y 2 por el Sur. Los Consejos Regionales cumplen tareas legislativas y administrativas. Entre otras, cumplen las funciones de: elaboración y ejecución de planes de desarrollo, administración de servicios de salud, educación; impulso de proyectos económicos, sociales y culturales propios; establecer impuestos regionales; promover el racional uso, goce y disfrute de aguas, bosques y tierras comunales, y defensa de su sistema ecológico, etc. Los Consejos Regionales eligen una Junta Directiva. 2. Coordinador Regional: electo por el Consejo Regional para un período de 4 años. Esta función es compatible con el cargo de representante del Presidente de la República en la región. 3. Autoridades municipales y comunales. 4. Otras correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios. Aprendiendo a autogobernarse Si la década de los 80 fue, en la Costa Caribe de Nicaragua, de confrontación y de guerra, la década del 90, en cambio, se presenta como una década de reconciliación y de construcción de la autonomía. Este proceso no ha sido fácil: la autonomía si bien ha conseguido algunos avances, son múltiples los problemas a superar y numerosos los desafíos que debe enfrentar para consolidarse. La autonomía tiene poderosos enemigos que quisieran que esta experiencia de autogobierno fracase. Y tienen armas para lograrlo. Pero precisamente es el conflicto el motor permanente del cambio. La autonomía se encuentra a prueba y la posibilidad de dar el salto depende en parte de la voluntad política y la creatividad de los propios sujetos y actores comprometidos con el proceso. Las fortalezas Comencemos señalando las cosas positivas. Para William Wong, presidente del Municipio de Bluefields, la autonomía es la gran esperanza, porque "hemos ido tomando conciencia que el poder central nunca, históricamente hablando, ha correspondido a los derechos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades étnicas que habitan las regiones autónomas". Por su lado, Ray Hokker, presidente de la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, FADCANIC, señala como logros, los siguientes: * El funcionamiento de los gobiernos autónomos en la región autónoma del Atlántico norte y sur, desde mayo de 1990. * La celebración de las elecciones de las autoridades de los consejos regionales realizadas en mayo de 1994. * La aprobación, en junio de 1994, de la propuesta de Reglamentación de la Ley Autonomía por parte de ambos Consejos Regionales. Estos reglamentos fueron entregadas al gobierno en esa misma fecha para su rectificación e implementación, pero aún no han sido aprobados. * El funcionamiento y fortalecimiento, a partir de 1995, del Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) en las dos regiones autónomas, gracias al apoyo de organismos no gubernamentales y del gobierno regional del Sur. * La aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica en junio de 1993. * La aprobación en la Asamblea Nacional de las reformas constitucionales en junio de 1995. * Las reformas constitucionales y de la Ley Electoral, que por primera vez desde 1894, legalmente autoriza a los pueblos de la Costa Atlántica de Nicaragua, a organizar partidos políticos regionales, comprometidos prioritariamente con la defensa de los intereses vitales de los costeños. * Encuestas recientes aplicadas en las regiones autónomas, muestran que se ha incrementado el sentimiento de identidad nacional nicaragüense conjuntamente con el fortalecimiento de las identidades de cada uno de los pueblos y comunidades del Caribe nicaragüense. Ello verifica en Nicaragua que los procesos de autonomía, lejos de dividir y atomizar, cohesionan las entidades nacionales. Manejo de recursos naturales Son muchos los recursos que se extraen de estas regiones: minerales, maderas, pescado, camarones, sin embargo la retribución para el beneficio social son mínimas. Solo por Puerto Cabezas se exportan anualmente 57 millones de dólares en pesca, de los cuales en la región solo quedan 400.000 dólares. Para compensar este desbalance, existe ya un marco constitucional y niveles de institucionalización que permitirían, en el futuro, revertir esta situación. Un logro constituye, la aprobación del Art. 181 de la Constitución de Nicaragua que establece que las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la oprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. "Este es un enorme poder que está en manos de nuestros concejales, de nuestros respectivos consejos, pero todavía no saben utilizarlo", señala William Wong. A esto se añade, la demarcación de las tierras comunales que se está haciendo con la ayuda de organismos internacionales y el apoyo de asesores de otros países, según señala Filmord MacDonald, miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional del Sur. Vincular educación con desarrollo "En mi niñez, estamos hablando de la década de los cincuenta, el gobierno de Nicaragua impuso una educación totalmente alienante, a nuestros pueblos mandaron profesores del lado del Pacífico que no conocían nuestra cultura, peor nuestra lengua", expresa el Lcdo. Avelino Cox, secretario de educación del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte. "Personalmente, continúa, tengo una experiencia amarga: en 1972 introduje, por primera vez, sin ninguna metodología, una educación bilingüe, por la misma necesidad que nuestro pueblo presentaba, y no duré ni cinco meses cuando me expulsaron del cuerpo magisteril porque era prohibido hablar y enseñar en miskito". La realidad descrita por Avelino comenzó a cambiar a mediados de la década de los 80, con la Revolución Sandinista, cuando en la Costa Atlántica arrancó un plan piloto de educación bilingüe intercultural, dirigido, primero, a las escuelas miskitas, y luego, a algunas escuelas creoles y mayangnas. Actualmente, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEBI) que se inició a partir de 1995 atiende a 14.365 alumnos en la educación primaria en más de 126 escuelas, con 541 maestros. La educación, en la secundaria, todavía se la lleva en español. Una de las prioridades actuales es avanzar hacia la descentralización efectiva del sistema educativo nacional mediante la consolidación del Sistema Educativo Autonómico Regional, proceso en el que están empeñados tanto los Consejos Regionales como la sociedad civil costeña. Este Sistema, avalado por varios instrumentos legales, permitirá la afirmación de los principios y los derechos autonómicos. A través de este Sistema se pretende "atender las necesidades educativas de la región y emprender acciones que apunten a vincular más estrechamente la educación con el desarrollo social y económico que posibilite un futuro próspero y dinámico para la Costa Atlántica en Nicaragua". Sin embargo, hay varios problemas que obstaculizan el avance de la educación intercultural bilingüe como la incomprensión y la indiferencia del gobierno central que se expresa en la reducción de los recursos financieros y del personal técnico y directivo del programa. Recientemente se redujo el status del PEBI pasándolo de departamento del Ministerio de Educación a apéndice de educación primaria. Se debe tener en cuenta que las acciones del gobierno "se orientan más hacia la privatización de la educación y a la delegación de tareas y funciones que hacia una transferencia de conducción acompañada de todos los recursos sociales, técnicos, materiales y financieros donde el pensar y el hacer se hagan desde la región", señala el documento "Reflexión sobre el proceso de autonomía", presentando al Simposio. A ello se suma la limitada capacidad de gestión de los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos, la falta de capacitación de los maestros y el alto número de maestros empíricos. El profesor Avelino Cox expresa que de parte del Ministerio ha habido imposición de textos escolares descontextualizados. "Por ejemplo, el libro que se usa en la primaria de educación bilingüe, fue editado en Colombia y nuestros niños no conocen nada de trenes, ni de almacenes", dice Avelino. "Nosotros queremos que haya planificación de los programas de educación, que se nos tome en cuenta, queremos tener nuestras manifestaciones culturales dentro de esos programas. Eso no se ha logrado hasta este momento, queremos que los programas reflejen nuestra historia, que reflejen todo lo que nosotros tenemos como pueblo diferente a los demás". Quienes están involucrados en el sistema de educación bilingüe, vienen elaborando programas de estudio que abarcan todos los niveles educativos, y que ya fue enviado al Ministerio de Educación. Uno de los propósitos de este trabajo es fortalecer la identidad de los costeños, potenciar los valores propios y reconocer a la interetnicidad como base de la autoestima de cada pueblo. Un avance en el proceso educativo constituye la labor que efectúan la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, URACCAN, que funciona desde 1991 y la "Bluflieds Indian & Carribbean University" (BICU) creada en 1992. Estos centros de educación superior forman los recursos humanos y técnicos que respondan a las necesidades de las regiones autónomas. Modelo propio de salud En materia de salud, se está trabajando en un modelo propio que combine la medicina tradicional con la occidental y sea gestionado por los gobiernos regionales y no impuesto por el Ministerio de Salud. En la región hay problemas serios de tuberculosis, parasitosis, desnutrición, mortalidad infantil. Sin embargo, el gobierno de Arnaldo Alemán recortó el presupuesto para la salud. El acceso a los servicios de salud se ha vuelto cada vez más difícil. "Nuestra propuesta de salud es precisamente apoyar la organización comunal y trabajar de manera más coordinada con los practicantes de la medicina tradicional: los suchas, los curanderos y las parteras", señala Alta Juker, vicepresidenta de la Junta Directiva del Consejo Regional del Norte y presidenta de la Comisión de Salud. "Nos hemos tomado tres años para elaborar la propuesta de salud. Hemos consultado con todos los practicantes de la medicina tradicional, con todas las comunidades y autoridades comunales, municipales y regionales. Ahora vamos a comenzar las negociaciones a nivel nacional con el Ministerio de Salud. Hemos comenzado a preparar el personal para asumir esto. Tenemos personal de la región estudiando: 10 personas en una maestría en salud, 15 enfermeras sacando la licenciatura en enfermería con un perfil comunal y 27 enfermeras en su primer año", agrega Alta. Las amenazas Varios personas consultadas por ALAI coinciden en que la principal amenaza externa que se cierne en contra del proceso autonómico de la Costa Caribe es la falta de interés y de voluntad política del Gobierno de Arnoldo Alemán, quien pertenece al Partido Liberal Constitucionalista y ejerce el poder desde 1996. Una de las medidas que más ha afectado el funcionamiento de los consejos y gobiernos regionales autónomos es el significativo recorte presupuestario aprobado por la Asamblea Nacional y ejecutado por el Gobierno de Alemán. Esta drástica medida económica puso a los organismos regionales al borde de la paralización pues les privó de los recursos mínimos para cubrir gastos administrativos (agua, luz y teléfono), sueldos de personal y los modestos honorarios de los consejales electos en 1994, quienes recibían 120 dólares mensuales. Así mismo, se han visto afectados la educación primaria y secundaria y la reparación de puentes y caminos de las vías intercomunales. Lo paradójico de esta situación, es que tres de los cinco diputados con que cuenta la región de la Costa votaron por el citado recorte presupuestario. Los tres parlamentarios, entre los cuales figura Steadamn Fagoth ex-dirigente contra y actual Coordinador de Gobierno de la RANN, pertenecen al oficialista Partido Liberal. Alta Juker, en relación a este problema, explica que los partidos nacionales tienen una fuerte incidencia en la región y muchas veces prevalecen sus intereses antes que los intereses de la región, como en este caso del presupuesto. "Entonces, los diputados dan sus votos, después regresan a la región arrepentidos, buscando qué hacer para buscar presupuesto. Lo que la gente ve es que votan en contra del presupuesto, y son parte de los problemas, causan problemas en la región". "Si Alemán recortó el presupuesto para 1997, estamos seguros que lo va ha continuar haciendo en 1998. En el fondo, nosotros creemos que el problema fundamental que tenemos, como Consejo Autónomo es que las riquezas naturales están en la Costa Atlántica, tenemos el 52% del territorio nacional, entonces la política del gobierno es volver a entregar todos esos recursos a transnacionales. Quiere tener un Consejo Autónomo que avale las concesiones y eso es un problema. Me da la impresión que la idea es pegarnos contra la pared, mantenernos con las manos elevadas para que podamos decir si a todo lo que quiere", expresa Alta Juker. Al tiempo que asfixia económicamente a los Consejos regionales, el gobierno destina recursos del Fondo Discrecional de la Presidencia de la República para fortalecer la acción del gobernador Steadamn Fagoth y del Partido Liberal de cara a las elecciones regionales de 1998. El manejo de este Fondo ha sido ampliamente cuestionado en Nicaragua pues el Presidente Alemán lo ha utilizado, por ejemplo, para pagarse una lujosa suite en el Hotel Intercontinental (cinco estrellas) mientras recorta el presupuesto para las universidades y reduce cada vez más el gasto social. Otro problema que gravita en contra del proceso autonómico es el incumplimiento de algunos convenios bilaterales suscritos entre los gobiernos regionales y el gobierno central con respecto a la proporcionalidad en el usufructo de los recurso naturales. Estos acuerdos determinan que el 40% de las licencias de la pesca de los barcos que operan en la región, deben pasar a los gobiernos regionales: 20% para el Norte y el 20% para el Sur. "Esto, el gobierno central actual lo paralizó unilateralmente, lo detuvo, y eso causó grandes estragos en el funcionamiento de los gobiernos, impidiéndoles que puedan impulsar obras de desarrollo", manifiesta el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), William Shuart. El boicot al régimen de autonomía también se manifiesta en la no reglamentación de la Ley de Autonomía, que no se ha dado a pesar de que una propuesta conjunta fue enviada al Ejecutivo por los consejos regionales en 1993. "Esto ha sido aprovechado por el gobierno central para decir que no tiene que cumplir con la ley de autonomía, porque esa ley no está reglamentada", expresa Jhonny Hodgson, presidente suplente del Consejo Electoral de la región autónoma del Atlántico Sur. Los límites de los Consejos Regionales Si bien los factores exógenos han sido poco favorables para el desarrollo de la autonomía regional, no es menos cierto que los consejos regionales, órganos legislativos y administrativos que comenzaron a funcionar en 1990, han tenido serias limitaciones de orden organizativo, político, económico, financiero y legal que han impedido que cumplan a cabalidad su función. Los signos más evidentes de esta situación es la polarización política, la inexperiencia, la poca capacidad y timidez para negociar con el gobierno central y conseguir fondos, y la corrupción administrativa. "Los problemas han sido de tal naturaleza que en estos siete años de administración (los consejos regionales) han contribuido muy poco a resolver los agudos, urgentes y enormes problemas que afectan a la población de las regiones autónomas", se señala en el "Documento de reflexión para el proceso de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua". Las expectativas que tienen los pobladores con respecto a la autonomía se han cumplido en poca medida. "Es que esperan mucho de sus autoridades cuando en realidad muy poco es lo que están administrando. Esto ha creado apatía y descontento", dice el reverendo Rayfield Hodgson B., coordinador del gobierno de las RASS. El poco apoyo del gobierno central y la falta de una política fiscal regional que les permita obtener recursos propios han entorpecido el funcionamiento de los gobiernos autónomos y les ha impedido impulsar programas y proyectos que ayuden a resolver los agudos problemas de la región. Las diversas interpretaciones que se ha dado al Estatuto de Autonomía por falta de regulación, también han afectado a la capacidad administrativa de los gobiernos regionales. De esta manera, se ha generado confusión en el momento de delimitar las competencias de los gobiernos regionales y sus órganos administrativos, así como las del gobierno central, sus instituciones y delegaciones en las regiones autónomas. Otra contradicción no resuelta es la que se genera entre los gobiernos autónomos y los gobiernos municipales. "La ley municipal es anterior a la ley de autonomía, pero la ley de autonomía se ejerce en un territorio determinado que engloba a los municipios, y ahí se da el choque porque la ley no es clara, no es definida. Hay artículos que dicen que tal asunto se tiene que resolver en el ámbito de las dos leyes pero no dice en cual ámbito exactamente. Entonces hay contradicciones en el ejercicio de la administración sobre las minas, los bosques y las aguas, y en el cobro de impuestos. Por suerte la Constitución reformada en el noventa y cinco, manda a definir una nueva ley que regule las relaciones entre el gobierno regional, el gobierno central y las municipalidades, creo que en un futuro próximo podemos tener una ley más perfecta que pueda resolver este tipo de cosas", dice William Wong. Los partidos políticos En las primeras elecciones regionales efectuadas el 25 de febrero de 1990, los partidos más votados fueron la coalición Unión Nacional Opositora, el FSLN y el partido indígena miskito Yatama, los cuales controlaban los consejos regionales autónomos del Norte y del Sur. En las elecciones de febrero de 1994, Yatama, debido al fraccionamiento interno, y la UNO perdieron terreno, en tanto que el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista se perfilaron como las fuerzas políticas nacionales predominantes en las dos regiones. El rol jugado hasta aquí por los partidos políticos en el proceso autonómico es percibido, por algunos sectores, como algo negativo pues dividen a la gente y confunden. "Lo que tienen los partidos en la Costa del Caribe son ramas del partido: al final los dirigentes terminan obedeciendo al partido y no a los intereses del pueblo, de la población", señala la comandante Dora María Téllez, vicepresidenta del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS. Esto responde, según Dora María Téllez, al modelo político nicaragüense que ha sido, tradicionalmente, un modelo que entiende a la nación como un todo homogéneo. "Esta ha sido la concepción dominante de las instituciones políticas nicaragüenses y lo es aún ahora. En la época de los liberales se entendía que consolidar la nación nicaragüense era también hacer homogéneo al país: en costumbres, en tradiciones, en instituciones, aún en la fuerza política que produce el Estatuto de Autonomía, es decir en el gobierno Sandinista, se producían estas contradicciones alrededor de la autonomía", agrega. Muchos hablan de que en la Costa Caribe existe una crisis de representación política. Aunque la ley electoral es explícita y manda que haya representatividad balanceada de las etnias, resulta que los representantes son propuestos y elegidos a través de partidos. Son los partidos los que conforman las listas y muchas veces no escogen a los más capaces sino a quienes son más leales a los intereses partidarios. La Constitución y las últimas reformas a la Ley Electoral abrem la posibilidad de organizar y desarrollar fuerzas políticos regionales, pero en los partidos "pequeños" hay excepticismo, pues "hemos sido absolutamente disminuidos en la distribución del presupuesto y de los escaños en los consejos electorales regionales, municipales e incluso hasta en las mesa o juntas receptoras del voto. De tal modo que esta ley ha sido un golpe muy duro para los intereses de la autonomía y de los que creemos que debemos crear un instrumento político genuino para defender intereses del pueblo de la costa Atlántica y de la autonomía", manifiesta William Wong, quien pertenece al Partido de los Pueblos Costeños. Un FSLN autónomo Otra vesión, sin embargo, tiene los voceros del FSLN. El diputado sandinista Willian Shuart considera que las reformas a la Ley electoral no son lesivas a los intereses de los agrupaciones políticas pequeñas. Por ejemplo, las asignaciones que el Estado da a los partidos se reparten en un 50% por igual entre todos los partidos que presenten candidatos, y el otro 50%, de acuerdo a los resultados electorales anteriores, señala el diputado. Shuart, por otro lado, niega que el FSLN de la Costa Caribe responda a las directrices partidarias de Managua. "En la práctica tomamos nuestras propias decisiones, por ejemplo, nombramos los candidatos y definimos la estrategia electoral, aunque tenemos la obligación de informar a la sede central. Recibimos asesoramiento de ellos, pero una cosa es asesoramiento y otra que obedezcamos sus líneas. Pujamos por un Frente Sandinista autónomo, porque nosotros entendimos el proceso de la Costa y tuvimos la voluntad política de aprobar la autonomía en nuestro gobierno revolucionario". Retos de la autonomía La autonomía tiene numerosos desafíos en el orden económico, político, social y educativo para consolidarse, los cuales han sido discutidos y propuestos por los propios involucrados en el proceso, por lo que me limito a resumirlos. Uno de los principales desafíos es el de fortalecer la identidad multiétinica y pluricultural de la nación nicaragüense, asunto que no es de interés exclusivo de los caribeños sino de todos los nicaragüenses. Las nuevas generaciones deben formarse sólidamente en ese espíritu. Las nociones de interculturalidad así como la historia y los principios del régimem de autonomía deben incorporarse al sistema educativo. Es indispensable también fortalecer el laicismo y la tolerancia religiosa, la ley debe regular el uso de las lenguas de las comunidades tanto en el sistema educativo como en el sistema judicial de las regiones autónomas. Otro reto importante es incorporar a los jóvenes al desarrollo e impulso de la autonomía, para lo cual es indispensable la promoción del deporte, fortalecer las universidades y generar empleos. La Constitución garantiza a los pueblos costeños y comunidades étnicas el derecho al goce, uso y disfrute de sus tierras comunales, aguas y bosques. Sin embargo, las comunidades carecen de títulos de propiedad, por lo que es indispensable que la Comisión de Demarcación de Tierras Comunales, integrada por el gobiernos central, los gobiernos autónomos, los gobiernos municipales y representantes de las comunidades, inicien un estudio del problema y propongan las soluciones más adecuadas. Para elevar la representatividad y responsabilidad de los Consejos Regionales Autónomos es necesario establecer un sistema de elección que permita elegir de manera individual a cada consejal y no en bloque de partido, de forma que se sienta directamente vinculados a quienes los eligieron y respondan de mejor manera a sus intereses. Es indispensable también luchar contra la corrupción desarrollando un programa intenso de promoción de los valores éticos, y rescatando los métodos tradicionales de justicia de éstas últimas. Los Consejos Regionales autónomos, diputados y coordinadores regionales deben rendir periódicamente informes de sus actividades. El gobierno central debe transferir las competencias de los sistemas educativo y de salud a las autoridades regionales. Por otro lado, el régimen de autonomía requiere contar con recursos suficientes, permanentes y estables para cumplir sus funciones e impulsar el desarrollo de las regiones, por lo que es necesario que al menos el 10 por ciento del presupuesto general de la República sea asignado para programas sociales e inversiones en infraestructura económica y social. Los impuestos que se cobren en las regiones autónomas deben transferirse íntegramente a las mismas. Se debe fortalecer la participación de las comunidades en los espacios de poder institucional, de manera que sus líderes y autoridades puedan realizar la inspección sobre servicios de salud y educación, cobro de impuestos, administración de justicia, etc. La creación de fuentes de trabajo, la constante vigilancia sobre las costas para prevenir el saqueo de los recursos pesqueros y forestales, y ampliar la participación ciudadana para la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos, figuran entre las demandas de las comunidades costeñas. *********** Recursos naturales y pobreza Nicaragua tiene una extensión de 131.811 kilómetros cuadrados, de los cuales 66.542 son de la Costa Caribe, lo que equivale más o menos a la mitad del territorio nacional. Para 1993, se estimaba que en la Costa Caribe vivían 254.564 habitantes, lo que representaba el 6.2% de la población del país, calculada en 4 millones cien mil habitantes. Se trata de una región relativamente despoblada, pues la densidad de la población nacional era de 34 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en la Costa Atlántica era de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Pese a que la Costa Atlántica cuenta con abundantes recursos naturales constituye una de las regiones menos desarrolladas de Nicaragua. El nivel de pobreza de la región es superior al promedio nacional, y afecta en mayor medida a la población rural que incluye comunidades indígenas y campesinas. Otros indicativos del atraso y la marginalidad constituyen el desempleo y subempleo, la insuficiencia de generación eléctrica, la alta incidencia de enfermedades infecciosas y la deficiente red vial. A ello se suma el flagelo de la drogadicción y los crecientes índices de prostitución y criminalidad. *********** Composición étnica La Costa Caribe tiene una gran diversidad de pueblos indígenas (originarios de la región) y comunidades étnicas (asentadas a partir de los procesos de colonización, migración interna y recomposición demográfica). Pueblos indígenas: - Miskitos (con su propia lengua): 70.122 personas (27.5% de la población costeña). - Sumus-mayangna (con sus propias lenguas): 13.204 habitantes (5.19 ). Desde el punto de vista lingüístico se dividen en tres subgrupos: los panamahka, los twahka y los ulwa. - Ramas (solo unos pocos conservan su lengua): 1.023 habitantes (0.4%) Comunidades étnicas - Mestizos (de habla castellana): 117.143 habitantes (46%), . Se ubican principalmente en las zonas rurales, aunque también se los encuentra en los centros urbanos y mineros. La migración mestiza viene desde fines del siglo pasado, aunque ésta se intensifica desde la década del 50, debido a los problemas de desempleo y falta de tierras en las regiones central y pacífica de Nicaragua. Otros factores que han alentado la migración mestiza son los programas de colonización del gobierno de Somoza en la década del 60 y la reforma agraria sandinista de la década del 80. - Creoles (negros angloparlantes): 50.000 miembros (19.6%), viven sobre todo en las áreas urbanas de las ciudades de Blufields, Puerto Cabezas, Laguna de Perlas y Corn Islands. - Garífunas (negros angloparlantes de origen indígena y africano): 3.068 miembros (1.2%). * Este documento es parte de "Autonomías Indígenas - Diversidad de Culturas, Igualdad de Derechos". Serie Aportes para el Debate No. 6.