El presidente Jorge Batlle ha hecho bandera de la defensa de los derechos humanos desde su asunción. Sin embargo, muchos de sus hechos no coinciden con sus dichos, desde el momento en que continúa promoviendo a cargos de importancia a connotados violadores de esos mismos derechos. Es así que el Presidente ha propuesto al Coronel (r) Angel Neyra, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, como posible integrante de la Suprema Corte de Justicia, y ha designado a Julio César Lupinacci como embajador en El Vaticano. ?Qué embajador! El 25 de setiembre pasado, el Papa Juan Pablo II recibió las cartas credenciales del nuevo embajador uruguayo ante la Santa Sede, Julio César Lupinacci, a quien dijo que "tras algunas experiencias dolorosas que han lacerado su país en un pasado reciente, las instituciones eclesiales de Uruguay están siempre dispuestas a poner cuanto esté de su parte para serenar los ánimos y lograr una concordia social justa". Juan Pablo II propuso al embajador Lupinacci "un buen acuerdo" entre Uruguay y El Vaticano para "defender con rigor y promover con constancia aquellos valores que dignifican la existencia humana". En la ocasión, el vicario de Cristo apoyó explícitamente los pasos que está dando el presidente Jorge Batlle para encontrar una solución al tema de los desaparecidos. No en vano es el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, quien preside la comisión presidencial para investigar lo sucedido con ellos durante la dictadura uruguaya de 1973-85. Al parecer, el Papa no conoce los antecedentes del embajador que le mandó el presidente Batlle. Quiera Dios que así sea. Lupinacci era embajador de la dictadura uruguaya en Caracas, Venezuela, cuando la maestra Elena Quinteros fue secuestrada del patio de la embajada de ese país en Montevideo en 1976. Por este hecho ambos países rompieron relaciones diplomáticas hasta el retorno a la democracia en Uruguay en 1985. Elena Quinteros era una militante del Partido por la Victoria del Pueblo que hacia 1976 estaba detenida en la cárcel clandestina llamada "300 Carlos". Para intentar escapar, declaró que en determinada fecha y hora tenía que encontrarse con un compañero en un determinado lugar. El lugar era la cuadra donde estaba ubicada la embajada de Venezuela. Los militares la llevaron allí, y montaron un operativo destinado a apresar al presunto contacto de Elena. La dejaron libre para que caminara al encuentro de su contacto, pero cuando Elena pasó por frente la embajada, saltó la verja y golpeó a la puerta solicitando asilo. Cuando los militares se percataron de la jugarreta, entraron a territorio venezolano y se la llevaron a rastras ante las protestas del diplomático que había atendido el llamado de Elena. De allí en adelante, nunca más se supo de ella. Con el correr del tiempo se conoció que luego de sucedido el incidente, las más altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de la época realizaron un cónclave con altos mandos militares para evaluar la situación y decidir si se entregaba a Elena a los venezolanos, que la estaban reclamando, o se negaba todo. Se decidió negar todo, lo que implicó no sólo la ruptura de relaciones con Venezuela, sino principalmente la desaparición de Elena para siempre. Una de las personas que participó en ese cónclave fue el entonces embajador en Venezuela, Julio César Lupinacci. A pesar de negar que haya sido efectivamente uno de los verdugos de Elena Quinteros, Lupinacci nunca realizó alguna acción judicial por difamación o injurias ante la divulgación de su nombre como violador de los derechos humanos, como no lo ha hecho nunca alguno de los militares caracterizados pública y repetidamente como torturadores, secuestradores, ladrones de niños, o asesinos de presos políticos. A pesar de ese antecedente (?o a raíz de él?), Lupinacci continúo en forma ascendente su carrera en el servicio diplomático uruguayo a la vuelta de la democracia. Durante el pasado gobierno de Julio Sanguinetti (1995-2000) fungió como embajador en Argentina, y ahora el presidente Batlle lo designó embajador en el Vaticano, donde habla de la defensa de los derechos humanos con el mismísimo Juan Pablo II. Homenaje y festejo Lo más granado de la siniestra casta de violadores de los derechos humanos del Ejército uruguayo se reunió el 20 de setiembre pasado para agasajar al coronel Jorge "Pajarito" Silveira y para festejar la decisión del presidente Jorge Batlle de negar la información requerida por la Justicia argentina para citar a ocho militares uruguayos acusados de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el propio agasajado. El último representante emblemático de la represión y la tortura en actividad pasó a retiro el 19 de agosto al cumplir 55 años, y sus amigos y camaradas le despidieron con una comilona en las instalaciones del Círculo Militar. Al "almuerzo de camaradería" concurrieron unos cuarenta torturadores, todos vestidos de civil, y algunos (como el propio Silveira) pistola al cinto. Entre otros, estuvieron presentes José "Nino" Gavazzo, Manuel Cordero, Ernesto Rama, y los directivos del Centro Militar, Alfredo Lamy y José Baudean. Decenas de denuncias presentadas oportunamente ante el Parlamento y los organismos defensores de los derechos humanos ubican a Silveira en los principales centros de represión y tortura de la dictadura. Según estas denuncias es un experto en todas las modalidades de tortura, en especial la picana eléctrica y las violaciones. Tuvo también un papel destacado como responsable del campo de concentración para prisioneras políticas de "Punta Rieles", donde encabezó todas las operaciones de hostigamiento y tortura psicológica contra las detenidas. El diario La República de Montevideo dio cuenta de que "en la reunión, de la que también tomaron parte algunos civiles amigos de Silveira, se consumieron grandes cantidades de whisky, no hubo discursos y el ambiente era de 'festejo doble'. En todos los corrillos del amplio y coqueto local de 18 de Julio y Juan Paullier se habló con satisfacción de la respuesta de Batlle (negándose a aportarle al fiscal argentino Miguel Osorio los datos de José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Enrique Martínez, Ricardo Medina, José Arab y Pedro Mattos, y el propio Silveira, como paso previo a la solicitud de extradición). Desde el pasado mes de febrero, los principales implicados en denuncias por violaciones a los derechos humanos establecieron una coordinación estable bautizada como "Logia del Aquelarre" en base a tres preocupaciones: los alcances del "estado del alma" propuesto por el presidente Batlle, las implicanciones del "Caso Gelman" (las eventuales responsabilidades y una posible investigación que pudiera probar que la nuera del poeta no fue la única argentina embarazada que trajeron a Uruguay), y la posible aceptación de los exhortos judiciales que pudieran provenir desde el extranjero citándolos a declarar. Silveira pasó muy preocupado estos últimos meses por la mención de su nombre en el caso de la desaparición de la nieta y la nuera del poeta Juan Gelman. Según la investigación llevada adelante por La República y la del propio Gelman, Silveira y el capitán de la Policía Ricardo Medina fueron quienes entregaron a la bebita secuestrada en la casa de sus padres adoptivos una noche de enero de 1977. Para peor, Silveira cayó en desgracia cuando asumió el actual comandante en jefe del Ejército, el teniente general Juan Geymonat. Durante la gestión de su antecesor, Fernán Amado "Pajarito" llegó a ocupar un lugar de privilegio como integrante de su Estado Mayor Personal. El nuevo comandante prescindió de sus servicios y le dejó sin destino. Claro que la preocupación de Silveira no refiere solamente al caso Gelman, su nombre figura en todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares uruguayos que se manejan en Argentina, España, Francia e Italia. En los últimos días y ante su inminente pase a retiro, sus camaradas de la "Logia del Aquelarre" decidieron organizar un homenaje-agasajo, para tranquilizarlo y expresarle su respaldo en los mismos momentos en que el Gobierno uruguayo estaba por responder al pedido del fiscal Osorio. Amparo oficial El presidente Jorge Batlle se negó a brindar la información solicitada por el fiscal argentino Miguel Osorio, amparándose en el Código Penal uruguayo, que establece que los delitos cometidos en territorio extranjero por "funcionarios al servicio de la República" mediante el abuso de sus funciones públicas o la violación de los deberes de su cargo, deben ser juzgados de acuerdo a la legislación uruguaya. A este respecto, Batlle sostiene que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (también llamada "Ley de Impunidad"), impide no sólo que estos militares sean juzgados en Uruguay, sino también en cualquier otro país. De esta respuesta también se desprende claramente que las violaciones de los derechos humanos cometidas por estos militares en Argentina eran "tareas oficiales" Conocida la noticia, el fiscal Osorio dijo al diario El Observador de Montevideo: "Siento desazón porque veo que los gobiernos de Sudamérica no tienen el verdadero compromiso de pacificación social que traería el esclarecimiento de estos hechos". También anunció que insistirá en la petición de datos al Gobierno uruguayo, que sigue firme su decisión de solicitar la extradición de los militares involucrados, y que si es necesario recurrirá ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Explicó que "por una cuestión de responsabilidad política y jurídica internacional, los funcionarios de un Gobierno que cometan delitos en el territorio argentino, salvo los que tienen inmunidad diplomática, están sujetos a la jurisdicción argentina". En diálogo con el diario La República, Miguel Osorio indicó que pidió conocer en qué unidades revistaban los militares uruguayos José Gavazzo, Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Enrique Martínez, José Arab, Pedro Mattos y Jorge Silveira, y el oficial policial Ricardo Medina, entre 1976 y 1982, si aún mantenían sus vínculos con las fuerzas de seguridad y sus domicilios reales actuales. Dicha solicitud está inscrita en su investigación sobre los delitos de asesinato y desaparición forzada cometidos durante la dictadura militar en la capital federal argentina. Entre esos casos está la mayoría de los expedientes sobre uruguayos denunciados como desaparecidos en Argentina. Osorio recordó que el también argentino juez Néstor Blondi ya había solicitado al Gobierno uruguayo la extradición de estos delincuentes, solicitud que obligó a la votación de la Ley de Impunidad en 1986, para justificar la negativa correspondiente por parte del Gobierno uruguayo. El fiscal argentino señaló que el propósito de esta solicitud de datos era "identificar a estos militares y ubicarlos rápidamente" porque ya había reunido "suficiente prueba" y esa información constituía "el paso previo para solicitar la extradición" de los imputados. Miguel Osorio explicó que esos delitos de secuestro y desaparición forzada de personas -por lo que acusa a estos militares- se siguen cometiendo en forma contínua hasta que no aparezcan sus víctimas, por lo que no pueden incluirse en ninguna de las leyes de amnistía que se han votado tanto en Argentina como en Uruguay. Consultado acerca de los caminos que podría seguir ahora, el fiscal respondió: "Uno sería recurrir a la OEA, ante el Comité de Derechos Humanos, en virtud de que se estaría incurriendo en violaciones a los tratados internacionales; ese camino puede ser incluso recorrido por los propios querellantes, familiares de las víctimas, y por el otro, a lo mejor yo puedo pedir que se denuncie el Tratado de Asistencia Judicial que tenemos con Uruguay". Finalmente, Osorio reflexionó que aclarar estos delitos implicaría "empezar a construir cimientos sólidos para ambas sociedades, tanto la uruguaya como la argentina". Consideró que "no es nada gratificante la impunidad de ningún delito" ya que "además de la sanción que pudiera caberle a la persona individualmente, ésta cumple una función preventiva muy importante, que es la de disuadir a otros habitantes a que no cometan delitos. De esta manera el mensaje del Gobierno es: pueden seguir cometiéndolos, no pasa nada".