En un ambiente marcado por la confusión, la incertidumbre y la improvisación oficial con la entrada en vigencia de la dolarización, el 21 de abril el gobierno del Presidente Gustavo Noboa completó su tercer mes de gestión con el anuncio de un plan de ajustes, que incluye el incremento de los precios y tarifas de bienes y servicios públicos, pactado en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un intento por desactivar la previsible reacción social, el mandatario pasó días atrás al Parlamento el pedido de amnistía a los militares y civiles involucrados en los actos del 21 de enero que culminaron con la salida del ex-presidente Jamil Mahuad. Tras cinco años de negociaciones, el FMI firmó el 19 de abril, en Washington, la Carta de Intención y el memorando técnico que otorga el aval definitivo al programa económico presentado por el gobierno ecuatoriano, cuyo contenido nunca fue puesto a consideración de la opinión nacional. El documento estipula un incremento para fines de junio del 40% en los precios del gas y del 60% en los de las gasolinas super y extra, y uno adicional en octubre del 30% para la super, y reajustes de los precios de la electricidad y de los servicios telefónicos. En materia salarial dispone una elevación del 20% en julio y otra similar en octubre. La Carta también prevé un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sujeto a la viabilidad política y una reducción de la base de exención del impuesto a la renta. Además, el país deberá crear un impuesto al consumo de los servicios domésticos, eliminar impuestos financieros y ampliar la sobretasa arancelaria para las importaciones. Con este acuerdo, Ecuador podrá contar con un primer desembolso de 114 millones de dólares que se destinará exclusivamente al fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional y posteriormente con cuotas bimensuales de alrededor de 40 millones por un período de 12 meses, previa verificación del cumplimiento de las condiciones acordadas. Privatizaciones atractivas "Desde ahora, el Ecuador ha recobrado la confianza de la comunidad financiera internacional", señaló Jorge Guzmán, ministro de finanzas, al comentar el acuerdo. Guzmán, uno de los principales promotores de la dolarización, que en su momento sostenía que con esta medida no hacía falta un acuerdo con el Fondo, en los últimos días ha venido insistiendo en la necesidad de adoptar una política de shock para sincerar la economía, con el argumento de que, caso contrario, "la dolarización no va a funcionar". La propuesta, que incluso ha recibido reparos dentro del propio gabinete por parte de quienes se inclinan por el gradualismo, apunta a imponer de un tajo un severo reajuste de los precios de los servicios públicos para hacer más atractivo el proceso de privatización de la telefonía, la electricidad y el petróleo, que es uno de los componentes de la Ley de Transformación Económica, conocida popularmente como Ley "Trole", que sancionó la dolarización. Como anota el economista Alberto Acosta: "Sin alzas de los combustibles, de la electricidad y los teléfonos, no habrá privatizaciones, así de fácil. Si las tarifas no suben a niveles adecuados, no habrá interesados en comprar las centrales de generación, ya que al Estado le será difícil mantener la infeciencia subsidiada en Emelec, Electroquil, Ecuapower... Lo adecuado debe representar valores atractivos para los inversionistas, los que más temprano que tarde impondrán tarifas más altas por aquello del 'riesgo país': muletilla que oculta enormes utilidades en las privatizaciones" (Hoy, Quito, 19/04/2000). La dolorización Desde el 1ro. de abril, Ecuador entró a un nuevo esquema monetario: la dolarización. Si bien la medida fue uno de los factores que precipitó la caída del presidente Mahuad, quien precisamente la adoptó en un esfuerzo desesperado para mantenerse en el poder, pese a que había reconocido que ella suponía "un salto al vacío", el gobierno de Noboa la asumió de entrada de juego sabiendo que era el pase para contar con el respaldo de las élites, cuya bendición fue clave para darle toda la apariencia legal a la sucesión presidencial. Recordemos que Noboa asumió la presidencia de las manos del Comando Conjunto de las FF.AA. y sólo días después fue ratificado por el Congreso, como manda la Constitución. Adoptada por razones políticas, como palanca para lograr una recomposición de las élites y las fuerzas políticas tradicionales, a la dolarización se le escaparon los componentes técnicos, con decir que incluso el FMI y el gobierno estadounidense han tenido que respaldar la medida por la fuerza de los hechos. Consecuentemente, la prisa y la improvisación oficial han sido la tónica en un proceso de aprobación que estuvo salpicado de violaciones a los procedimientos y normas constitucionales. Tan es así que la propia Ley "Trole" tuvo que regresar al parlamento a los pocos días para que los legisladores enmienden los "errores de fábrica". Uno de los temas más controvertidos fue el que tiene relación con la facultad de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para poder recuperar los créditos concedidos por las instituciones financieras bajo su control, a través de la vía coactiva. En la inicial negativa habían pesado las presiones orientadas a favorecer a los deudores morosos, entre los cuales se cuentan "algunos ex-banqueros, varios diputados, altas autoridades económicas y poderosos empresarios", según reveló la revista Vistazo en su edición del 6 de abril. Con la puesta en vigencia de la dolarización, los precios se dispararon, tanto por la especulación como por el efecto del "redondeo" en la conversión a la divisa norteamericana y la ausencia de moneda fraccionaria. Según cifras oficiales, la inflación en el primer trimestre llegó al 31.9%. En este ambiente de confusión y el desconcierto, la población ha tratado aferrarse a la moneda nacional, el sucre, cuya circulación terminará en cinco meses. Para compensar el impacto, el régimen dispuso un irrisorio incremento salarial de 20 dólares a partir de abril, que ni siquiera da para cubrir la elevación en el 100% de las tarifas de transporte que entró a regir el 15 del mismo mes. Con dicho aumento, el salario mínimo pasó a 74 dólares, mientras el costo de la canasta básica llega a 200 dólares. Y todo parece indicar que el "sinceramiento de los salarios" no ocurrirá. La amnistía en debate Por el peso de la factura social y la ausencia de una agenda oficial seria en esta materia, se ha tornado común hablar del riesgo de un estallido de la "bomba social", reconociendo que las causas que motivaron el levantamiento popular del mes de enero no sólo se mantienen intactas sino que se han profundizado con la dolarización. En un intento por desactivar esta bomba, el presidente Gustavo Noboa pidió al Parlamento la amnistía de los insurrectos del 21 de enero. Mas éstos demandan que el tema sea trasladado a una consulta popular. En efecto, el 12 de abril el Presidente Noboa remitió al titular del Congreso Nacional el pedido de aministía a los militares, policías y civiles que participaron en los actos del 21 de enero, señalando que "la sociedad puede perder más con la ejecución de las penas que llegaran a imponerse, que con el perdón y, creo que se expone a aumentar el mal que se quería evitar". Pero a renglón seguido le salió al paso el pedido del juez segundo de la Primera Zona Militar, William Jaramillo, de sancionar a los militares involucrados en tales hechos, en un Consejo de Guerra. En el parlamento, sin embargo, el trámite quedó postergado, luego que la comisión correspondiente decidió tomarse su tiempo para conocer en detalle el petitorio. Para que pase la amnistía, se requieren de 82 votos y tan solo cuenta con el respaldo de algo más de 50 que corresponden a las bancadas de los partidos de centro-izquierda. En un comunicado suscrito por su presidente Antonio Vargas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) cuestionó la posición de los partidos que se oponen a la amnistía, señalando que "los responsables de la actual crisis política, económica y social son los que se oponen a la amnistía, y es más, son los que quieren agudizar los problemas del país". Para luego acotar: "En un acto de vieja politiquería, diputados que responden a los intereses de los grupos de poder, no son capaces de aliviar los conflictos políticos de su Presidente de la República a quien le han venido respaldando incondicionalmente. ¿Es que le quieren envuelto al Presidente Noboa en el centro de los juicios que se están siguiendo en contra de militares y civiles del pueblo?". Los oficiales insurrectos, por su parte, se pronunciaron demandando una consulta popular, para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre su libertad. Esta posición, según explicó el coronel Lucio Gutiérrez, se debe a que el pedido del Presidente "tiene cosas obscuras", pues en la carta del mandatario se estipula que la aministía irá "sin perjuicio del régimen disciplinario de las FF.AA.", lo cual deja abierta la posibilidad de que continúe el consejo de guerra. Por lo pronto, éste se encuentra en suspenso mientras se define el pedido de nulidad y revocatoria planteado por la defensa de los oficiales.