En los últimos días el presidente de la república ha reiterado su propósito de lograr lo que llama "la reconciliación nacional". En su breve ejercicio de la primera magistratura el Dr. Jorge Batlle ha protagonizado algunos hechos innovadores. Dos por lo menos: contribuyó desde la presidencia al reencuentro de la nieta de Juan Gelman y recibió a los familiares de los detenidos desaparecidos (tomó con sus manos esa brasa ardiendo), comprometiéndose a trabajar en la búsqueda. Estos hechos, que abren una justificada expectativa en varios sectores de opinión, hacen que su llamado a la concordia deba ser analizado con atención. Algunas circunstancias políticas acotan o condicionan el llamado del presidente. Sin ir más lejos, el enervamiento de la cruzada antifrenteamplista y antiprogresista de Sanguinetti y su ruidosa trouppe de cuscos. No es pensable la reconciliación si le siguen dando a la matraca los intransigentes profesionales de la exclusión. Al mismo tiempo, voces que se han alzado por parte de algunos oficiales superiores del Ejército tampoco contribuyen a ningún tipo de concordia nacional. El reencuentro de Juan Gelman con su nieta, desaparecida desde 1976, marcó un jalón en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a los desaparecidos, a los niños nacidos en prisión y apropiados por los represores y a la coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras de esta región de América durante los años 70 y principios de los 80. Una cantidad de afirmaciones "oficiales" que se vienen repitiendo desde octubre de 1976 se derrumbaron cuando el nuevo titular del Poder Ejecutivo confirmó el encuentro y dio evidencias palmarias de querer avanzar en el terreno que Sanguinetti se había negado sistemáticamente a emprender. Contrariamente a la doctrina oficial vigente hasta ahora, la peripecia del poeta Gelman permite afirmar que, en primer lugar, en Uruguay nacieron niños en prisión, en segundo lugar, que en Uruguay han desaparecido las madres que los dieron a luz, y, finalmente, que en Uruguay hubo presos provenientes de Argentina, como fruto de la colaboración de los servicios de inteligencia. Un capítulo inconcluso - "Esto es una barbaridad" - "No. No es una barbaridad, es una vergüenza" Brecht Como se ha dicho más de una vez, el problema de los detenidos-desaparecidos constituye un capítulo inconcluso en la transición democrática en Uruguay. El problema es complejo y, contrariamente a lo sostenido durante años por el oficialismo, está muy lejos de haber quedado resuelto en 1989. Diez años después podemos decir sin vacilaciones que la Ley de Caducidad ha fracasado. De lo contrario ninguno de los movimientos del presidente Batlle tendría sentido. Hay un problema grave sin resolver que implica, en primer lugar, un aspecto humanitario, estrechamente ligado a una cuestión que atañe a toda la sociedad. La subsistencia del vacío generado por la desaparición en los familiares es una mácula desde el punto de vista humano, del respeto y la consideración de los derechos de todos los ciudadanos. La detención y desaparición de personas se generó como un acto de fuerza ejecutado por el Estado bajo un régimen de excepción. El vacío de referencias, el horror y el efecto de intimidación provocado por la falta de noticias del secuestrado, constituyó un factor que afectó a toda la sociedad, obstaculizando e inhibiendo sus procesos de asociación y participación política. En ese sentido, las desapariciones son un problema de toda la comunidad. Ser cuidadoso en la divulgación de la identidad y el entorno familiar de un joven o una joven reencontrados es una actitud enteramente compartible. El problema de la desaparición forzada de personas es de otro carácter, es un problema de orden público. No es pertinente ni deseable intentar una resolución "discreta", un abordaje "privado" de lo que ha sido y es un problema de la sociedad toda. Se ha planteado que los desaparecidos son el resultado de un tiempo de guerra. Sin embargo, no es así. Cualquiera que mire con atención las fechas y las nóminas de desaparecidos verá que las detenciones tienen lugar, mayoritariamente, varios años después del golpe de junio de 1973, cuando de acuerdo a las declaraciones oficiales "la guerra había terminado" en noviembre de 1972. Los secuestros se realizan, sobre todo en 1976, 1977 y 1978, durante la vigencia del régimen de dictadura de Juan María Bordaberry, Aparicio Méndez y Gregorio Alvarez. Las desapariciones forzadas no han sido el resultado no querido de los avatares y tribulaciones de un período de confrontaciones bélicas, sino, por el contrario, se consuman para reforzar los mecanismos de intimidación que caracterizan a los regímenes de terrorismo de Estado. Por eso no resulta adecuada la propuesta de encarar la solución del tema de los desaparecidos a partir de un diálogo entre lo que se ha dado en llamar "los directamente involucrados, militares y guerrilleros". El enfoque ha cosechado adhesiones de uno y otro lado. Sin embargo, este encare produce una simplificación y un falseamiento del problema impidiendo comprender su naturaleza en relación con el régimen de terrorismo de Estado. La desaparición no es una acción de guerra sino un mecanismo del terrorismo de estado. No es el resultado de la lucha a campo abierto sino de acciones de tinte policial y con aristas "mafiosas", como se practicó en Orletti. ¿Qué puede tener de bélico el robo de bebés? ¿De qué épica puede formar parte el secuestro y el asesinato de una madre después que dio a luz? La ilegítima Ley de Caducidad A menudo se dice que los problemas de derechos humanos del período anterior han sido zanjados por el plebiscito que dio aprobación a la Ley de Caducidad. Sin embargo, si analizamos el proceso de aprobación de esta ley nos encontramos que uno de los sectores que la apoyó (el wilsonismo*) lo hizo sobre la base de la inclusión del artículo 4? que establecía la necesidad de investigar la situación de los desaparecidos. El incumplimiento de este artículo cuestiona la legitimidad de toda la ley. Mentar la ley sin decir que no se ha cumplido una parte sustancial de la misma es un abordaje fraudulento del problema. La existencia de alrededor de un centenar de desaparecidos en el exterior, especialmente en la Argentina, confirma la participación del régimen uruguayo en la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor articulado desde Chile por Pinochet, Contreras y Espinosa. La cuestión de la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura habitualmente se ha discutido en la izquierda junto con la cuestión de la concepción prevaleciente en las Fuerzas Armadas durante la dictadura, la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esto plantea la necesidad de reafirmar las definiciones constitucionales referidas a la "misión de las Fuerzas Armadas". El pensamiento constitucional aceptado en nuestro país hasta la década del 60, había sido la asignación a las Fuerzas Armadas de la misión de defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y la preservación de las fronteras. Bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco, se comenzaron a incorporar los elementos de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sirvieron de sustento teórico y retórico al proceso dictatorial. Una de las circunstancias agravantes de toda la impronta sanguinettista en este campo es la política de ascensos en las Fuerzas Armadas en el período posterior a la reapertura institucional. El hecho que la gran mayoría de los oficiales que aparecen denunciados por su participación en delitos contra la humanidad en la década del 70 no sólo no han sido castigados en función de la Ley de Caducidad. Tampoco han sido dados de baja del servicio activo. Por el contrario varios oficiales acusados han sido ascendidos, obviamente en perjuicio de otros oficiales de carrera sobre los cuales no pesan denuncias de esta naturaleza. "A la amnesia empuja siempre la prudencia de los gobernantes - no destapemos la caja de Pandora- y con frecuencia la conveniencia de olvidar/ocultar el propio pasado" José Vidal- Beneyto La reconciliación Desde distintas fuentes se ha hablado en estos días acerca de un eventual "pedido de perdón". Así planteado el tema es demasiado genérico, casi inasible. Un pedido de perdón puede formar parte de una secuencia de acciones destinadas a lograr una reconciliación nacional. Pero siempre deberá ser a posteriori del cumplimiento de un gran proceso de indagación y búsqueda de "la verdad y todas sus consecuencias." Se ha dicho que "la realidad de Argentina y de Chile ha demostrado que la verdad es absolutamente peligrosa". Esta sola afirmación conlleva una cierta advertencia con intimidación. Los procesos chilenos (donde ya hay oficiales generales presos y se investigan a varios otros, entre ellos Pinochet) y argentinos donde se ha avanzado en la investigación de algunos delitos del pasado, como el robo de bebés, y hay, por esta causa, más de una decena de oficiales superiores presos, están mucho más avanzados que la post-dictadura uruguaya que no procesó, ni averiguó ni, salvo a la nieta de Juan Gelman, encontró a ninguno de los niños secuestrados durante la dictadura. Un país donde exista un desarrollo pleno de la ciudadanía debe estar exento de cualquier tipo de intimidación acerca de la verdad y su conocimiento público. Concordamos con la idea de culminar este proceso impulsado por el presidente Batlle hacia la reconciliación nacional. Más que un acto más o menos simbólico, la reconciliación a la que se aspira parece ser parte de un proceso. Un proceso de averiguación (o confirmación) de datos sobre el crimen estatal de la desaparición. Ese proceso entraña la necesidad de que todo el que esté en condiciones de aportar datos pueda hacerlo sin temor a las represalias. De esta manera nos estaremos poniendo al día con lo que ha empezado a pasar en el mundo en materia de impunidad. La detención, en octubre de l998, del general Augusto Pinochet en Londres tuvo como consecuencia, tanto en Chile como en el resto de América y en Europa, que se volviera a colocar el problema de la impunidad en el orden del día de los estrados judiciales, la prensa, las organizaciones sociales y los gobiernos. La acusación del juez español Baltazar Garzón fue el resultado de la lucha de muchos años de los familiares de las víctimas de la dictadura chilena y también de la evolución del pensamiento en algunos de los países centrales acerca de cómo enfrentar, en las nuevas condiciones postguerra fría, la reiteración de los crímenes contra la humanidad. "Somos nuestra memoria y la palabra que surge en ella, y frustramos nuestro ser cuando seguimos en el olvido interesado o ignorante", ha escrito en estos días el teólogo español Josep Margenat. También en nuestro país la búsqueda de la verdad y la recuperación de la memoria colectiva son atributos imprescindibles en el anhelado proceso de reconciliación. * NDLR: Corriente del Partido Nacional que estuvo liderada por Wilson Ferreira Aldunate