El gobierno mexicano ha anunciado que se apresta a tomar acciones ante la justicia estadounidense contra los granjeros que cazan a inmigrantes mexicanos ilegales en la frontera con el Estado de Arizona. Para este fin, según anunció la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Rosario Green, se ha contactado un grupo de abogados en aquel país para que ayude a reunir las pruebas que permitan demandar "a quienes han violentado la dignidad y los derechos de los mexicanos", en acciones que calificó de "racistas y peligrosas". Son al menos 24 casos en los que rancheros habrían detenido a punta de pistola o con amenazas a los inmigrantes que tratan de entrar al país vecino, quienes luego habrían sido entregados a la Patrulla Fronteriza para su deportación. Algunos rancheros se justifican con el pretexto de la protección de sus tierras. No obstante, se ha reportado casos donde se obliga a los vehículos que llevan inmigrantes a salir de la carretera, para luego entregarles. La canciller se ha dirigido a la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de EEUU, solicitando poner fin a esos incidentes. También invitó a la Relatora Especial de la ONU para los Trabajadores Migratorios para que visite la zona. Por su parte, el Subprocurador de los EEUU, Eric Holder, dio a conocer que en los próximos 60 días el gobierno de ese país aumentará en forma "significativa" el número de agentes de la Patrulla Fronteriza en la franja común, y que las autoridades locales emprenderán un programa "muy agresivo" contra los coyotes, como solución para evitar las acciones violentas contra los migrantes. Cambios legislativos en la agenda Por las mismas fechas, se publicó un informe del Departamento del Trabajo de EEUU que señala que, por primera vez, más de la mitad de los 2 a 2,5 millones de trabajadores agrícolas en EEUU son migrantes ilegales. Una primera encuesta realizada en 1989 reveló una tasa de sólo el 10%. La reciente encuesta, realizada entre 1997-98, también registra un declive continuo en las condiciones de vida de estos trabajadores. Si bien con $6,18 la hora, los sueldos son ligeramente mayores que hace 9 años, en términos reales el poder de compra es 11% menos que entonces, y se ubica por debajo del nivel de pobreza. El Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas (NCAE), sin embargo, considera que el porcentaje real de trabajadores indocumentados en el sector se ubica entre 75 y 80%, y el salario por hora en $7,32, como lo registra otra encuesta del Departamento de Agricultura. El Vice Presidente del NCAE, Bob Vice, es uno de los que propugnan por una mayor apertura de las fronteras para la importación temporal de mano de obra agrícola, propuesta que será puesta a consideración del Congreso este año. No es la única modificación en la política de inmigración que deba decidir el Congreso en los próximos meses, en vista del cambio del clima económico, que ha significado la tasa de desempleo más baja en 30 años. También figura un programa de trabajadores visitantes calificados en la industria de alta tecnología, en el cual el país registra un déficit de mano de obra. Irónicamente, esta medida se ha abierto camino con much más facilidad que la de los trabajadores agrícolas, que está siendo gestionada desde hace 5 años. Pero en cambio para los países de origen, puede significar una fuga de cerebros. Otro tema en la agenda del Congreso es una amnistía para los inmigrantes ilegales. En un viraje en su posición de los últimos años, que refleja el nuevo contexto económico, la mayor organización sindical del país, la AFL- CIO, declaró en febrero su apoyo a una amplia amnistía y a la suspensión de la mayoría de sanciones a quienes emplean a indocumentados. Paralelamente, la organización ha emprendido una campaña para sindicalizar a los trabajadores ilegales. Entre tanto, se multiplican las presiones y manifestaciones de la población inmigrante a favor de la amnistía.