Desde inicios de julio de 1998, representantes de alta dirección del gobierno norteamericano como del panameño estuvieron comunicando de manera bilateral a la opinión pública el fracaso de las negociaciones sobre el Centro Multilateral Antidrogas, que se pretendía establecer en la base de Howard en el año 2,000. Un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de Washington inició las declaraciones públicas al informar que su decisión fue adoptada "en vista de las progresivas alteraciones que había sufrido la posición panameña"... Decía también la comunicación que "dada la importancia que Estados Unidos y otros gobierno de la región otorgan a la cooperación antidrogas, los altos funcionarios (del Consejo de Seguridad Nacional) acordaron que Estados Unidos debe iniciar la búsqueda de alternativas en consulta con otros gobiernos interesados". La propuesta de constituir el CMA fue lanzada en 1995 por el presidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares al Grupo del Río y al gobierno de los Estados Unidos, con la condición de que se tratara de una entidad multilateral de tipo civil y regida por los civiles. Brasil, Colombia y México sostuvieron conversaciones con Panamá para sumarse a la iniciativa, pero condicionaron su participación a que el CMA fuera gobernado por civiles, que se compartiera toda la información recabada y se respetase la soberanía de cada Estado. Estados Unidos pretendía asignar por lo menos 2,500 militares al CMA, y que estos respondieran exclusivamente a los mandos del ejército estadounidense y no al comando civil que dirigiría el centro y que rigiera la extraterritorialidad jurídica para ellos. Washington pedía que sus militares pudieran realizar desde el CMA "operaciones humanitarias de salvamento" en otros países de América Latina, y reclamaba que el acuerdo rigiera por 15 años, en lugar de los tres que sugería Panamá. En este sentido el gobierno panameño anunció en esta coyuntura, que Panamá no puede crear un CMA para cumplir misiones diferentes a la detección de vuelos de aviones o tránsito de barcos con drogas en la región. "Estas son las reglas que nosotros hemos establecido", sostuvo el Presidente de la República al ser abordado al respecto. La Embajada de Estados Unidos en Panamá sin embargo en su declaración, nunca declaró oficialmente su renuncia al proyecto. Los sitios alternativos señalados por Estados Unidos para instalar un CMA fueron Puerto Rico, Honduras y el Estado de Florida en su propio territorio. Finalmente, el 24 de septiembre de 1998 los gobierno de Panamá y Estados Unidos anunciaron en un comunicado conjunto leído simultáneamente en Washington y Panamá que "no pudo lograrse un acuerdo para establecer el CMA en Panamá", pese a coincidir sobre la necesidad de luchar unidos contra el narcotráfico. Mas sin embargo, el Canciller de Panamá, Jorge Ritter, afirmó luego de este pronunciamiento que aún es posible que las negociaciones sean reabiertas por el próximo presidente, que asumirá el poder el 1 de septiembre de 1999. ¿Hasta el 2015? En esta misma dirección, en la tercera semana de octubre de 1998, el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Benjamín Gilmar, presentó un proyecto para que su país negocie con Panamá la permanencia de cuatro de sus actuales seis bases militares en el área del canal. A cambio de la permanencia hasta el 2015 de las bases de Howard, Koobe y Rodman, sobre el litoral Pacífico y del Fuerte Sherman en el Caribe, la propuesta plantea que Washington construiría un nuevo puente sobre el canal interoceánico, otorgaría becas y un trato preferencial para el ingreso de productos panameños a su mercado. La propuesta de Gilmar es respaldada por el líder de la minoría parlamentaria del gobernante partido demócrata de los Estados Unidos, Bob Menéndez y otros importantes legisladores. En noviembre de 1998, el propio presidente Balladares salió al paso de las declaraciones de los legisladores norteamericanos al asegurar que "dentro de 14 meses habremos completado la plena integración de nuestro territorio... por primera vez seremos dueños de nuestro propio destino, administraremos por sí solos el canal y entraremos al nuevo siglo sin presencia militar extranjera", acotó el presidente panameño. Por otro lado, diversas fuerzas nacionales en Panamá no dudan que dentro de las pretensiones de Washington todavía acaricien intenciones de prolongar su presencia militar en territorio panameño. La idea del CMA en Panamá, o la prolongación de militares norteamericanos después del 2,000 aún es un proyecto fuertemente acariciado por sectores del Pentágono. Y hay quienes no dudan en manifestar que el año 1999, puede estar lleno de sorpresas por parte del gobierno norteamericano, las cuales pueden emprenderse desde las presiones que se lleven a cabo al gobierno panameño, hasta la presentación de nuevas propuestas económicas que ablande el espíritu de nación de quien gobierne este país a finales de siglo. Estados Unidos ha invadido en trece ocasiones el territorio panameño entre 1855 y 1989, para "proteger" a sus ciudadanos o las instalaciones civiles y militares que estableció en las riberas del canal en 1903, cuando la naciente República de Panamá, le otorgó una franja de tierra para construir la vía interoceánica. Los bienes que recibirá Panamá de Estados Unidos, valorados por expertos panameños en más de 30,000 millones de dólares, tienen potencial de generar ingresos por unos 1,500 millones de dólares al año, lo que equivale a alrededor de 15% del producto interno bruto del país, de 8,000 millones de dólares. La descontaminación de las bases Este es uno de los aspectos más álgidos, convenientes de definir con el gobierno de los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 1999. Según los tratados canaleros, el gobierno de los Estados Unidos está comprometido "a hacer esta limpieza de la mejor forma posible", en las áreas contaminadas que fueron utilizadas por el Ejército Norteamericano en la Zona del Canal. Unas 7,000 de las 17,000 hectáreas de tierras ocupadas por los polígonos y las bases militares se encuentran identificadas por el ejército de los Estados Unidos como áreas de impacto de alto riesgo. Según el expresidente de Panamá, Dr. Jorge Illueca, el costo de descontaminar las bases y los polígonos de tiro localizados en las riberas del canal es de alrededor de 10,000 millones de dólares. Hasta ahora, las autoridades norteamericanas se han mostrado renuentes a limpiar los sitios contaminados, tal como lo estipulan los tratados de 1977, aduciendo que no existe un método apropiado para ello. El Fellowship of Reconciliation, una organización no gubernamental norteamericana, que ha analizado cuidadosamente el nivel de contaminación de las bases militares norteamericanas en Panamá, en base a estudios realizados por exfuncionarios del Pentágono, ha establecido que existen otros lugares, (3,000 hectáreas) además de las áreas de impacto de alto riesgo, que tienen alta concentración de municiones sin detonar, agentes contaminantes y supuestos restos de armas químicas, bacteriológicas y radioactivas usados para experimentos y prácticas militares con municiones cargadas de uranio empobrecido. Este es el caso del Centro Experimental de Piña, Nuevo Emperador, Balboa Oeste y la Isla de San José situada en el Archipiélago de las Perlas, cerca del litoral pacífico y los otros a pocos kilómetros de la capital panameña. De acuerdo con un informe presentado por ese grupo en agosto de 1998, desde la década de 1920, Estados Unidos desarrolló "un programa activo de armas químicas, entre ellas gas mostaza, en al menos siete bases militares de Panamá". Fellowship of Reconciliation advirtió que en el fuerte Clayton, cerca de la capital y en la Isla de San José, el ejército de Estados Unidos realizó más de 130 pruebas con gas mostaza, mostaza destilada, fosgeno, cloruro cianógeno y cianuro hidrógeno entre 1944 y 1947. Tras indicar que esos agentes químicos conservan varias décadas su poder letal, Fellowship of Reconciliation señaló que los restos de esas armas fueron almacenadas en un lugar secreto de la base militar de Río Hato, 130 kilómetros al oeste de esta capital, hoy bajo jurisdicción de Panamá. En el Centro de Pruebas Tropicales, localizado en la región de Chivo Chivo, cerca de la capital, Estados Unidos habría realizado prácticas y almacenado varios tipos de municiones cargadas con elementos químicos, entre ellas minas M-23 que contenían 4,77 kilogramos del agente neurotóxico VX. Diez miligramos Del agente VX constituye una dosis mortal para cualquier ser humano, denunció Fellowship of Reconciliation. En ese mismo sitio, el ejército de Estados Unidos realizó pruebas y luego almacenó municiones antitanques cargadas con uranio agotado a partir de 1990. Se puede correr el riesgo, y en ese sentido ya han hecho declaraciones tanto en la parte estadounidense como del gobierno nacional, de que para la limpieza de los polígonos de tiro, se requiera permanencia de personal militar norteamericano después del 2,000. Esta dirección en la solución del problema de la descontaminación ha sido negada por la Fellowship of Reconciliation, quien ha manifestado que "en los Estados Unidos, el sector privado hace la mayoría de descontaminación de polígonos inactivos". Es necesario que la opinión pública nacional e internacional conozca de la problemática de manera más diáfana y transparente, y que el pueblo panameño esté debidamente informado sobre qué estrategia ha implementado el gobierno panameño para lograr la limpieza por parte de los Estados Unidos de los suelos contaminados en nuestro territorio. Las municiones sin detonar en los polígonos de tiro usados por el ejército de Estados Unidos en las riberas del canal han causado hasta ahora la muerte de 12 personas en los últimos 18 años. El Pentágono solo informa que estas áreas se utilizan para hacer experimentos en el trópico, pero no explican en qué se basan esos experimentos, ni si son peligrosos para la salud, como es el caso del uso del uranio empobrecido en Panamá. El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de informar debidamente a Panamá sobre la condición ecológica de cada instalación revertida, para que los panameños podamos tomar decisiones sensatas sobre el uso que debemos y podemos darle a esas áreas. En síntesis, el CCS considera que los militares norteamericanos se quieren ir sin hacer la misma limpieza que harían si se tratara de bases en territorio estadounidense y sin cumplir con sus obligaciones establecidas en los tratados del Canal de 1977. Si el gobierno de Pérez Balladares no actúa con rapidez, firmeza y astucia, basándose también en la Convención de Armas Químicas que ha sido ratificada tanto por los Estados Unidos como por Panamá, otros gobiernos tendrán que retomar esta tarea con más dignidad y firmeza de la que ha sido manifestada por el gobierno de turno.