El año que termina fue particularmente agitado en lo político, pues no solo quedó atrás el nefasto régimen de Fabián Alarcón y tuvimos elecciones, sino que estrenamos una nueva Constitución y un flamante gobierno.

Fin del Alarconato

Nacido de manera ilegítima -con solo dos votos en el Congreso y encaramado de manera oportunista en el movimiento de febrero-, el gobierno de Fabián Alarcón, en sus últimos meses, fue abandonado por quienes lo ayudaron a trepar al poder y hasta se beneficiaron de su gestión.

Solo y sin rumbo, el alarconato fue de tumbo en tumbo. Cuando el fenómeno El Niño golpeaba con fuerza y el petróleo caía estrepitosamente en los mercados internacionales, Alarcón prefirió velar por sus particulares intereses. Así, en lugar de tomar medidas preventivas y diseñar estrategias que permitieran enfrentar la crisis económica, y acudir en auxilio de los damnificados de la Costa, el régimen interino se dedicó a tratar de levantar el partido oficial con los recursos y el dinero del Estado. Peor todavía: su prioridad fue beneficiar a ciertos diputados y a los grupos de amigos, y fortalecer los cacicazgos y las clientelas de las provincias. Para obtener dinero, Alarcón incrementó la deuda externa, reactivó los incrementos del precio de las gasolinas y recurrió a la emisión de bonos del Estado. Con todo ello, puso su grano de arena para profundizar la crisis del país.

Los escándalos de la ropa usada, el alegre manejo de los fondos reservados y los elevados gastos extrapresupuestarios, son solo una demostración de la corrupción imperante en el alarconato, el que, por cierto, nada tiene que envidiar a la del bucaramato. ¿Qué aspectos positivos quedan del gobierno interino? Casi nada, pero quizá se debe mencionar la continuación de las negociaciones con el Perú comandadas por el canciller José Ayala Lasso.

¿Constitución nueva, vida nueva?

La Asamblea Nacional Constituyente, en este año, expidió una nueva Constitución Política que entró en vigencia el 10 de agosto con el gobierno de Jamil Mahuad. A partir de esta fecha quedaron establecidas, como señala el preámbulo, “las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y social”.

La Asamblea, dirigida por una mayoría de derecha (demopopulares, socialcristianos y radicales alfaristas), logró imponer en la nueva Carta política algunas de sus tesis fundamentales, sobre todo en lo relacionado con la economía. De esta manera, no solo echó abajo los artículos de la Constitución de 1978 relacionados con las áreas estratégicas de la economía (petróleo, energía, servicios básicos), sirio que dejó despejado el camino para la privatización y la incursión del capital nacional y extranjero en éstas y otras áreas. De la misma forma, acorde con los vientos neoliberales que corren, estableció el “sistema de economía social de mercado” (art. 244) y otorgó garantías para la inversión extranjera en “igualdad de condiciones” con la nacional.

Conseguido lo que la derecha considera lo más importante -su bolsillo y la continuación de su poder- el resto de la Constitución fue el resultado de negociaciones y presiones sociales y políticas de distinto tipo. Esta fue quizá la nota más destacada de la Asamblea: por primera vez, sectores de la denominada sociedad civil se movilizaron y lograron que algunas de sus propuestas se incorporaran al texto constitucional.

Aunque los movimientos, organizaciones y grupos de ciudadanos actuaron divididos, tras un intenso trabajo de cabildeo, alcanzaron el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros, de los derechos de los consumidores, las mujeres, la niñez, la adolescencia, la tercera edad y los discapacitados; la preservación del medio ambiente; el derecho a tener información “objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa”; la revocatoria del mandato de los funcionarios electos, entre otros. Como garantías para el cumplimiento de esos derechos, se estableció, además del hábeas corpus ya vigente, el hábeas data (acceso a documentos, bancos de datos e informes de entidades públicas y privadas), acciones de amparo judicial y la defensoría del pueblo.

En lo político, la mayoría de la Asamblea se inclinó por las tesis de la “gobernabilidad”, y para ello expidió varios artículos para fortalecer al Ejecutivo. De esta forma, por ejemplo, se recortó las funciones del Congreso en lo relacionado a la fiscalización y enjuiciamiento a los ministros de Estado. Sin embargo, contraviniendo la tesis de la gobernabilidad, la Asamblea transformó al Congreso en un organismo más burocrático, pesado y costoso, al decretar el aumento del número de diputados de 83 a 121, sin meditar que el problema no es de cantidad sino de calidad.

Para que la nueva Constitución tenga plena vigencia, el Congreso debería tramitar 17 leyes secundarias. Ninguna de ellas ha sido aprobada hasta mediados del penúltimo mes del año.

Con respecto a los puntos positivos de la nueva Constitución, no hay que engañarse porque, desde que nació la República, la ley ha sido letra muerta. La vigencia de los derechos democráticos y ciudadanos siempre ha dependido de la correlación de las fuerzas de la sociedad y del grado de presión y de movilización popular.

Pero, a más de ello, hay múltiples maneras de burlar los preceptos constitucionales. Nuestros políticos son expertos en aplicar la frase que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, con la elección del defensor del pueblo. La Constitución es muy clara al respecto: señala que éste será elegido por el Congreso “con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, luego de haber escuchado a las organizaciones de derechos humanos legalmente reconocidas”. Esto jamás se cumplió: más primaron los amarres y los intereses de la “aplanadora” que domina en el Parlamento.

El proceso electoral

La división de la centroizquierda -Borja y Ehlers se disputaban el mismo espacio-, y la no presentación del abogado Jaime Nebot en la cancha electoral despejaron el camino para el triunfo, en las elecciones del 31 de mayo, del alcalde de Quito Jamil Mahuad y del abogado Alvaro Noboa, los dos candidatos que contaban con los mayores recursos y maquinarias electorales.

La victoria de Mahuad, cuya carrera a la Presidencia empezó hace 16 años, no llamó tanto la atención como la del empresario Álvaro Noboa Pontón, quien en 44 días de campaña logró entrar a la segunda vuelta sin ”más méritos que haber heredado una fortuna que no ha trabajado”, según palabras de un ex-presidente.

A pocos meses del derrocamiento de Bucaram, ahí estaba nuevamente el populismo “vivito y coleando”, disputando los primeros lugares en la arena política. ¿A qué se debe esto? Difícil pregunta que ni los sociólogos han logrado contestar satisfactoriamente. Sin embargo, se puede decir que las condiciones objetivas -pobreza, clientelismo, desintegración social, centralismo y desatención estatal- que permiten el nacimiento y desarrollo de las fórmulas mesiánicas y salvadoras no han variado: se mantienen.

En la segunda vuelta, Alarcón no solo dejó abandonados a su suerte a los damnificados de El Niño, sino que alzó el precio del gas de uso doméstico. Y aunque posteriormente retrocedió, esto perjudicó a Mahuad, pues la gente lo identificaba como aliado de Alarcón. Noboa capitalizó muy bien estas circunstancias y casi arruinó la fiesta de la Democracia Popular.

La política de Mahuad

De esta manera tenemos instalado en el poder a un presidente que es un hábil comunicador, que habla de las armonías aymaras y cita frecuentemente la Biblia. Con este discurso, ha logrado barnizar su proyecto económico, político y social que nada tiene de original y que responde a las recetas neoliberales y privatizadoras que están siendo cuestionadas en todo el mundo por sus nefastos resultados. En pocas palabras, lo que pretende es cumplir al pie de la letra -y aun más allá- lo que dispone el Fondo Monetario Internacional para acceder a sus líneas de crédito y hacerse merecedor de la confianza del capital extranjero.

Con Mahuad ascendió al poder un pragmatismo que no se detiene ante nadie ni ante nada. Veamos algunos elementos de su política: conformó parte de su gabinete con funcionarios de los gobiernos de Durán Ballén (José Gallardo, Ana Lucía Armijos) y Alarcón (Fidel Jaramillo). No ha hecho nada para fiscalizar al alarconato a pretexto de que esa tarea corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Después, adoptó un severo paquete de medidas económicas y reprimió duramente las protestas populares.

La política social se ha reducido al “bono de la pobreza”, con el que se institucionalizó la caridad pública y el paternalismo estatal, se desarticula el tejido social y se anula la posibilidad de superar la pobreza mediante el fortalecimiento de la economía popular. “Trabajo, no caridad”: eso es lo que quieren los ecuatorianos y ecuatorianas.

La actitud gubernamental complaciente hacia los banqueros y empresarios contrastó con la represión de la huelga nacional del 1° de octubre, con los violentos desalojos a pobladores sin techo en Guayaquil y con el apresamiento de los dirigentes de la Federación Médica Ecuatoriana. Subsiste el peligro de que los anuncios oficiales de “disciplinar” al movimiento social se conviertan en una política estatal permanente de “criminalización” de las luchas sociales, como sucede en Colombia.

Un logro del gobierno ha sido, indudablemente, la suscripción de los acuerdos de paz con el Perú. Si bien con ello se ha ahuyentado el fantasma de la guerra y se vislumbra la posibilidad de convivir pacíficamente con el vecino del sur, no es menos cierto que la situación no se presta para el festejo y el excesivo optimismo, porque lo único que se ha hecho es concluir con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 que fue fruto de la derrota histórica más traumática y severa que ha tenido el Ecuador desde que nació como República independiente.

La popularidad que ganó Mahuad con la firma de la paz, rápidamente la perdió al subordinarse al Partido Social Cristiano en materia tributaria. La adopción del proyecto de Jaime Nebot que elimina el impuesto a la renta y establece un impuesto del 1% a las transacciones financieras, lo que hace, como ha señalado la oposición, es cargar un nuevo impuesto a todos para sustituir lo que no pagan los empresarios. Este es el espíritu del “proyecto de reactivación económica” que el régimen envió al Congreso, unido al de Nebot: con el dinero de todos, salvar a los bancos de posibles quiebras y a los empresarios de sus abultadas deudas.

En conclusión, en este año se pudo constatar que todo camina por los mismos andariveles trazados por los grupos dominantes y que las transformaciones democráticas deberán esperar tiempos mejores.

Publicado en Derechos del Pueblo, Nº 108, diciembre de 1998, boletín bimestral de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)