Una nota chiquita del diario “Correo” informa ayer de una queja de los empresarios que utilizan los servicios del Aeropuerto Jorge Chávez para le exportación de sus productos. Indican que el canon que la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) se ha obligado a pagar al Estado sobre los ingresos que recibe es “demasiado alto” (46%) y esto encarece todas las operaciones. El señor Andrés Jochamowitz de Frío Aéreo, empresa especializada en almacenamiento y depósito de productos, propone en la misma nota la revisión del contrato LAP, que según indica nos hace perder competitividad en el mercado internacional. Ciertamente, este parece un tema muy especializado y muchos no tomarán en cuenta los detalles. Otros dirán: ¿cómo se le ocurre al Estado cobrar tanto a la pobre LAP, encareciendo los negocios de terceros? Como tengo tiempo en este tema me parece necesario advertir algunos detalles que son reveladores de muchas más cosas que los problemas del señor Jochamowitz. En primer lugar que el efectivamente hay un elevado canon de LAP, que no cayó del aire, sino de la oferta que hicieran sus representantes para ganarse la licitación. Las bases que elaboraron Boloña, Matellini y otros, exigía proponer un canon y ganaba el que lo ofreciera más alto. Y como este requisito no estaba amarrado a ningún factor de productividad, al postor no le fue muy difícil subirse en su oferta, para luego clavarle a todas las tarifas y precios que se cobran en el Aeropuerto un plus de 46%, con lo que se quedaban con toda la utilidad y los derechos del Estado previos, y hacían pagar a los usuarios el costo de su propuesta. Durante los cuatro primeros años de concesión, LAP no hizo sino cobrar todo lo que antes era de CORPAC, sobre cotizaciones mucho más altas, ajustadas al nivel del canon y de sus proyecciones de caja. Sacaron de los bolsillos de los viajeros y de todos los que tenían que pasar por el aeropuerto, el dinero que finalmente invirtieron en las obras de los nuevos espigones que afirman han tenido un costo sobre los 200 millones de dólares, lo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero mientras hacían su agosto todos los meses y días del año, los de LAP iban logrando modificaciones cada vez mayores al contrato de concesión para postergar las obras de la pista de aterrizaje alternativa, mientras se deteriora la existente, ajustando el cronograma de inversión, etc. Y en medio de todo esto, un ocurrente congresista declaraba que los fondos del canon que según Silva Ruete iban a ser la gran fiesta del Estado, deberían más bien consignarse para expropiar y comprar los terrenos que LAP requiere para la ampliación del Terminal aéreo. O sea, otra vez, con la plata de los usuarios financiamos los negocios particulares. ¿Cabe la revisión del contrato LAP? Claro que sí. Incluido su resolución por múltiples violaciones al derecho y a los intereses nacionales. Por ejemplo por el cambio de la composición del Consorcio operador, del que se retiró el aeropuerto de Frankfurt que era la carta de presentación sobre el expertise del grupo responsable. Pero revisar es ir al fondo de las cosas. Revisar inversión efectiva, costos reales, utilidades recibidas. Ahí se verá que LAP está encareciendo toda la actividad aerocomercial: turismo y comercio, en perjuicio del país. --- A propósito del tema unas líneas adicionales. Se está anunciando una huelga de transportistas del sur contra el aumento de tarifas de peaje. Esto se debe a que la concesionaria de la red vía No. 6, Pucusana-Ica, que tiene la administración de la ruta de 223 kilómetros ha aumentado cuatro veces el valor de los boletos de peaje en nueve meses, sin que haya comenzado ninguna obra significativa. Como siempre, ¿no es cierto? Tuve ocasión de pasar por ahí hace una semana. La garita de la playa Asia, ha sido corrida hasta la altura de Puerto Viejo en Chilca, para englobar un mayor número de playas, y el costo allí es de 11 soles. En Chincha hay otra garita que tiene una tarifa de 5.50 soles y al ingresar a Ica, otra por el mismo monto. En suma, 22 soles, a razón de 10 centavos el kilómetro. Yo pensé además que esto implicaba un boletaje ida y vuelta. Pero no era así. Para volver el mismo monto por cada garita, 44 soles para COVISUR para viajar de Lima a Ica, sin ninguna vía alternativa. --- En las leyes de servicios públicos del Estado se prohíbe cargar a la tarifa las llamadas “inversiones a futuro”, y sólo se les puede aplicar las inversiones realmente hechas. Pero en los contratos de concesión se cambia el principio. Así los privados están en condiciones de definir todos sus aumentos como “inversión futura” y llenarse de plata sin arriesgar ningún capital propio. Esta es una de las mayores gracias de las privatizaciones. Supongo que Ollanta Humala las revisará si es presidente. ¿Haría lo mismo Alan García?