Mayday es un código internacional de alarma. Los millones que marcharon en las calles por todo Estados Unidos, y los cientos de miles que protestaron en todo México el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, enviaron un mensaje urgente: hay que ponerle fin a un sistema de competencia global que erosiona los derechos laborales. Las manifestaciones y el boicot por los derechos de los migrantes en Estados Unidos galvanizaron a una gran proporción de los supuestos 12 millones de trabajadores indocumentados, y a una fuerte población latina de cuarenta millones de personas, tras el sencillo concepto de exigir que los trabajadores y sus familias vivan sin la amenaza de encarcelamiento y deportación. El boicot a nivel nacional que cerró desde restoranes e instalaciones portuarias en Los Ángeles, a plantas empacadoras de carne en el Medio Oeste, mostraron el poder de los trabajadores migrantes y revelaron un respaldo inesperado de obreros, grupos eclesiales, afro-americanos y otros sectores de la sociedad. En México, la inusual enorme convocatoria para las manifestaciones de este primero de mayo, surgió de la convergencia de la indignación de la gente ante la represión policial que sufrieron los obreros en huelga en una acerera de Michoacán, la reciente muerte de 65 mineros en una explosión en la mina, la intervención del gobierno en los asuntos internos de los sindicatos, y la presencia en la ciudad de México de la Otra Campaña, encabezada por los zapatistas. Olas de obreros organizados, activistas de derechos humanos, punks y estudiantes, fluyeron hacia la plaza central, tradicionalmente reservada a las ordenadas filas de los sindicatos controlados por el gobierno. En ambos países lo que ocurrió el primero de mayo refleja las presiones sociales que se han vuelto incontenibles. Como en Francia y otras partes del mundo, las manifestaciones fueron una respuesta a los gobiernos que han adoptado estrictas políticas antilaborales para competir en el mercado global. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte diezmó las pequeñas y medianas industrias y los cultivos de subsistencia en México, actividades que proporcionaban la mayor parte del empleo. Ahora, la emigración de los desempleados y subempleados hacia el norte —a la que muchos se refieren como “la válvula de escape de México”— resultó la olla de presión de Estados Unidos. Los grupos anti inmigrantes han intentado mostrar el punto como uno de seguridad fronteriza. Pero, conforme marchaban los inmigrantes, cantaban “Todos somos americanos” —saliendo al paso del temor de que los inmigrantes son terroristas disfrazados. Los paros de labores mostraron que la migración es también, fundamentalmente, un asunto laboral en Estados Unidos. Esto ha creado desorden en el Partido Republicano, que se encuentra dividido entre las demandas de su derecha conservadora socialmente, que quisiera un “retorno” a las comunidades homogéneas, y las demandas de quienes respaldan a las corporaciones en su intención de contar con una mano de obra barata más estable. Esto ha confundido al Partido Demócrata, que parece más interesado en probar hacia dónde soplan los vientos que resolver un problema fundamental: la integración nacional y los derechos laborales. En México, la llamada válvula de escape se convirtió en motor de la economía. Más de 20 mil millones de dólares en remesas ingresan más dinero que la inversión extranjera directa y equivalen al 71 por ciento de las exportaciones de petróleo—en un momento en que han repuntado los ingresos por venta de crudo. Ayudan a pagar la deuda externa, compensan un poco el empobrecimiento rural y pulen las disparidades regionales. Esto ha hecho que algunos cuestionen el compromiso del gobierno mexicano de resolver la crisis migratoria en el marco de la “co-responsabilidad”, como se enfatizó en la cumbre trilateral de Cancún a fines de marzo pasado. Pero si uno le pregunta a los migrantes por qué abandonan a su familia y su comunidad, tal vez para siempre, no dirán que es porque el gobierno mexicano no pudo detenerlos. Responderán que o no tienen trabajo o reciben un salario que no permite mantener a sus familias. Y eso nos lleva de nuevo a la cuestión laboral. Las políticas gubernamentales de los últimos diez años han mostrado la voluntad de minar el papel que las organizaciones obreras tienen en la defensa de los derechos de los trabajadores. En cambio, activamente buscan controlar a la población obrera, rutinariamente excluida de las bonanzas reflejadas en los informes anuales de las corporaciones. Sea que mantengan a los trabajadores migrantes en la clase de los excluidos por rechazar una mayor inmigración legal y una mayor legalización, o por negarles el derecho a organizarse, estas prácticas son la raíz de las contradicciones que condujeron a la señal de alarma del primero de mayo. En México y en Estados Unidos, amplios sectores de la fuerza laboral no tienen garantizada la seguridad de un ingreso decente, ni beneficios o estatus legal—pese a trabajar en empleos de tiempo completo. El argumento de que el desempleo y los pobres trabajadores desaparecerían gradualmente en los regímenes de libre comercio, resultó falso. La Organización Internacional del Trabajo publicó recientemente un informe sobre el trabajo en América Latina que aplasta cualquier esperanza de que la situación de los obreros esté mejorando incluso en tiempos de crecimiento económico. Cincuenta por ciento de la fuerza laboral latinoamericana no puede hallar trabajo en el sector formal. Veintitrés millones están desempleados y 103 millones laboran en el sector informal sin derechos ni beneficios. El sector informal emplea a 53 por ciento de la población económicamente activa y genera seis de cada diez empleos creados. Y conforme la economía se hace subterránea, se entierran los derechos laborales. Las cosas se ponen peor si una es mujer o una persona joven. El desempleo femenino es 40 por ciento mayor que el masculino y el ingreso mensual es 66 por ciento menor. Según el informe de la OIT, los jóvenes suman el 42 por ciento de los desempleados. No es sorpresa entonces que los números de mujeres y jóvenes que migran a Estados Unidos hayan crecido exponencialmente. Lais Abramo, de la Organización Internacional del Trabajo, resume el reto: “Trabajo decente significa que no basta con crear empleo, sino que debemos tener las condiciones para una vida digna”. Históricamente, la única manera de garantizar que un empleo asegurara condiciones de vida digna ha sido un movimiento obrero organizado capaz de exigir y poner en práctica sus derechos. Sigue siendo la única manera. Los mexicanos que laboran en Estados Unidos y los trabajadores en México, comparten más que un lenguaje y una cultura comunes. Este año, ambas contrapartes salieron a las calles para transformar su situación. - Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas por IRC en línea en www.ircamericas.org. Traducción: Ramón Vera Herrera Versión original: Labor’s May Day Call from Both Sides of the Border, publicado por el Programa de las Américas del International Relations Center (IRC).