El levantamiento del hambre
13/02/2001
- Opinión
"El Gobierno Nacional consciente de la existencia de conflictos históricamente
no resueltos en la relación Estado - Pueblos Indígenas, y que el proceso de
ajuste estructural genera impactos en los pueblos indígenas y sectores pobres
del país, acuerda con las Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Indígenas,
impulsar un proceso de entendimiento y diálogo nacional permanente, orientado a
tratar y generar políticas de estado para superar la histórica exclusión de los
pueblos y las inequidades generadas por el ajuste. Para el efecto se crearán
espacios de participación ciudadana que permitan la construcción colectiva de
las soluciones que el país demanda y entablar un nuevo tipo de relación entre el
Estado y los Pueblos Indígenas".
Bajo estos términos, en la tarde del 7 de febrero, se estableció el acuerdo
entre el régimen del presidente Gustavo Noboa y los dirigentes de las
organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron las movilizaciones que
mantuvieron semiparalizado al país por más de diez días. El documento,
compuesto de 23 puntos y 4 transitorias, contempla, entre otras cosas, la
revisión parcial del paquete de medidas económicas dictadas a fines del año
pasado, una vez que los indígenas flexibilizaron su postura de pedir la
derogatoria total, a fin de desbloquear la negociación.
Así, el gobierno accedió a reducir al 60% el alza del 100% del precio del
cilindro del gas doméstico, y a congelar por un año del precio actual de los
combustibles. Acordó reestructurar y capitalizar el Banco Nacional de Fomento
para que pueda otorgar créditos a los pequeños y medianos productores; tomar
medidas más enérgicas para recuperar las deudas de la banca estatizada; brindar
apoyo a los migrantes dentro y fuera del país; y no involucrar al país en el
Plan Colombia.
El entendimiento incluyó también el compromiso oficial de indemnizar a los
deudos de las personas que fueron asesinadas durante las protestas, al igual que
a los heridos graves que hayan sido hospitalizados. No obstante el carácter
pacífico del movimiento, en esta ocasión, la fuerza represiva fue utilizada a
niveles extremos, situación que llevó incluso a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a requerir aclaraciones del gobierno.
Los desaciertos del gobierno
Fue por el empuje desde las bases que las movilizaciones, iniciadas el 21 de
enero, comenzaron a alcanzar proporciones mayores a partir del 29. La respuesta
gubernamental mostró tantos desaciertos, que quedó claro que los responsables,
en su mayoría costeños, y particularmente los ministros de Gobierno y Defensa,
entienden poco o nada de la problemática indígena.
De hecho, la reacción oficial osciló entre posiciones duras o conciliadoras,
según las presiones ejercidas. El sector empresarial y las élites pidieron
"mano dura", con un discurso abiertamente racista que ya se creía superado,
amparado en el argumento de que no puede una minoría imponerse a todo el país.
El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil llegó incluso a afirmar
que "la única salida es la fuerza" y a aplaudir que el Estado de Emergencia
(decretado el 2 de febrero) le daba al presidente la potestad de usarla.
Por el otro lado, amplios sectores de la sociedad exhortaron a la apertura de un
diálogo. No obstante, cuando el gobierno accedió a dialogar, lo abordó bajo los
parámetros de una negociación con un gremio, circunscrita a las demandas
específicas del sector. A ello, el movimiento indígena contestó: nada para
nosotros si no es para todo el país.
Entre otros resultados, la movilización permitió al movimiento indígena
recuperar su espacio (algo disminuido en los meses anteriores) y lograr un nivel
inédito de unidad de todas las organizaciones indígenas, dejando sin piso los
intentos del gobierno de aislar a la poderosa Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Paralelamente, se reactivaron numerosos espacios sociales (derechos humanos,
ONGs, intelectuales, sectores religiosos, entre otros) que hicieron
pronunciamientos a favor de las reivindicaciones y en rechazo a la represión y
el racismo, interpelando al presidente para que gobierne para el país y no solo
para los banqueros y el sector empresarial. Queda por ver ahora si el gobierno
tomará en serio su compromiso de abrir un amplio y serio diálogo.
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